La investigación intentará determinar si los jugadores intimidaron a la menor

«Tenemos que matizar exactamente si hubo intimidación o no, si es agresión o es abuso», ha explicado hoy a Efe el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, quien ha asegurado que hasta el momento existen suficientes pruebas de cargo. No obstante, ha precisado que aún hay que terminar de recoger todas los fundamentos posibles «para que no haya posibilidad de duda».

El próximo 2 de enero se retomarán las declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda de Duero a diversos testigos de este caso con la presencia de dos menores, mientras que para el 4 de enero están citados el padre, el tío y la prima de la menor presuntamente agredida sexualmente, además de una psicóloga que la trataba antes del caso. Para el 9 de enero, ya en dependencias judiciales de la capital de Burgos, han sido llamadas dos hermanas de la menor.

Como representante de la acusación popular, Luis Antonio Calvo ha confirmado a Efe que se ha opuesto al recurso de la defensa para la puesta en libertad de los tres futbolistas denunciados. En contra de lo manifestado por los abogados defensores en el sentido de que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas, Calvo ha mantenido ante la elevada pena a la que se pueden enfrentar, que puede llegar a 15 años de reclusión, podrían huir con la ayuda de sus padres.

Si bien los futbolistas acusados «en ningún momento han reconocido que sabían que era una menor, sí reconocen cosas que hacen pensar que lo sabían», ya que uno de ellos es entrenador de fútbol de compañeros de clase de la presunta víctima, ha agregado.

Por otra parte, los tres abogados defensores de los jóvenes investigados, los letrados Rafael Uriarte, José Ángel Álvarez y Olga Delcura, han hecho público un comunicado en el cual aseguran que no hay constancia «de informe alguno de Sanidad sobre la existencia de lesiones o hematomas en la menor», y que tampoco ha existido la declaración de ninguna psicóloga.

En declaraciones a Efe, Olga Delcura ha especificado que el pasado 22 de diciembre testificó una pedagoga que atiende a la menor denunciante por aspectos relacionados con su rendimiento escolar. De igual forma, los letrados de la defensa han rebatido las manifestaciones realizadas por las acusaciones particular y popular realizadas hasta hoy, en cuanto a que «no corroboran ni ratifican la versión efectuada por la menor de edad, sino que por el contrario, introducen dudas razonables», señalan textualmente en su escrito.

Por último, han apelado a la ética profesional para que no se genere confusión con arreglo a una información sesgada de las acusaciones personadas, «que están muy alejadas de la objetividad» y, en todo caso, han pedido que se tenga siempre presente el derecho a la presunción de inocencia «que a los investigados les corresponde por mandato constitucional».