Ramírez considera que el Samyt vulnera los derechos de los burgaleses
La concejala del PSOE denuncia la paralización del Servicio de Accesibilidad, Movilidad y Transporte
Critica la falta de liderazgo y de gestión de sus responsables políticos, y asegura que está abocado a desaparecer o privatizarse
Faltan medios humanos y materiales para el desarrollo del reglamento
Los accesos a edificios municipales, una de las carencias. PCR
El Grupo Municipal Socialista pronostica la desaparición y privatización del Servicio de Accesibilidad, Movilidad y Transporte (Samyt) ante la actual paralización en la que se encuentra su gestión, consecuencia de la “ineptitud” del presidente, Esteban Rebollo, y la escasa capacidad organizativa del Equipo de Gobierno. La concejala Mª Mar Ramírez recuerda que son los propios técnicos del Samytl los que reconocen que faltan medios materiales y humanos para desarrollar cualquier tipo de trabajo en el servicio, por lo que se está vulnerando los derechos de los burgaleses.
“El estado de salud del Samyt se ha deteriorado tanto que podemos hablar de la crónica de una muerte anunciada”, asegura el concejala socialista. En transporte, se sigue pendiente de una reestructuración del mapa de líneas, la flota de autobuses están envejecida, fallan muchas de las rampas de acceso a discapacitados y ninguna de las paradas es accesible, los vehículos sufren averías constantes y, para completar la situación, el número de usuarios del transporte público sigue bajando, recuerda Ramírez. En lo que se refiere a movilidad, “no hay ni una sola línea de trabajo”.
Ni movilidad, ni accesibilidad
“El Samyt está abocado a una posible desaparición y una cercana privatización”
El Equipo de Gobierno, ante la insistencia del PSOE, ha rescatado un plan de movilidad de 2005, con el que ha conseguido una subvención de 900.000 euros para autobuses. La socialista no entiende cómo es posible que el Gobierno Central haya concedido esta ayuda a un plan “obsoleto”, que debería de adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad. Critica también la existencia de la Oficina de Movilidad, con un coste anual de 66.000 euros, que se dedica exclusivamente a gestionar el servicio de Bicibur, así como la ausencia del Observatorio de Movilidad, que “ha fallecido si alguna vez estuvo en funcionamiento”.
El caos es tal en el Servicio de Accesibilidad, Movilidad y Transporte que, según Ramírez, alrededor de 300 vados están pendientes desde 2011 de se registrados, reformados o adecuados a las nuevas necesidades. La falta de medios humanos y materiales es una de las principales razones de esta situación, tal y como reconocen los propios técnicos del servicio. Y en accesibilidad, insiste la concejala, tampoco se está haciendo nada de lo que se incluye en el reglamento aprobado en 2012. No hay oficina de accesibilidad, y la propuesta del PSOE del Plan de Accesibilidad Integral se está gestionando desde Servicios Sociales.
Ramírez asegura que la movilidad, la accesibilidad y el transporte son “fuente de cohesión social”, la cuarta condición de la integración tras la vivienda, la sanidad y la educación. Si no se actúa en estos campos, se vulneran los derechos de los ciudadanos a la prestación de servicios y se pierde calidad de vida. La concejala socialista acusa al presidente y al vicepresidente de “dejación de funciones”, asegurando que “estén o no estén, no se nota”. La falta de gestión y liderazgo están llevando a la paralización de un servicio que, según Ramírez, parece estar abocado a su desaparición o privatización.