Nuclenor recurrirá la sanción impuesta por la CNMC

La empresa propietaria de Garoña confirma que presentará un recurso contencioso administrativo en contra de la sanción de 18,4 millones de euros

Argumenta que la parada de diciembre de 2012 se realizó por una situación “imprevista” e “imprevisible” como fue el cambio de normativa fiscal

Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, ha anunciado su decisión de recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la sanción de 18,4 millones de euros impuesta esta mañana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber parado la central antes de la fecha límite impuesta por la licencia de explotación y “sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran”.

Según explican desde el servicio de comunicación de la empresa, el recurso “se basará en los argumentos que Nuclenor ya ha defendido durante el proceso administrativo que comenzó el 25 de julio y en el que la CNMC acordó iniciar un expediente sancionador por la parada del reactor” de la planta del Valle de Tobalina, sumida de lleno en el proceso de solicitud renovación de su licencia de explotación hasta 2031.

En este sentido, Nuclenor recuerda que ya se presentaron las correspondientes alegaciones a ese expediente, argumentando que la parada que realizó en diciembre de 2012 “estaba incluida en sus competencias”. Por tanto, subrayan desde la empresa, “no se requería autorización especial” para proceder a la parada, tal y como plantea la CNMC en su sanción.

Según Nuclenor, la decisión de parar el reactor “cumplió con lo exigido en la Ley de Energía Nuclear (LEN)”, comunicando en tiempo y forma del cese de actividad al Ministerio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En este sentido, afirman, la parada vino motivada por la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, una normativa que cambiaba radicalmente las obligaciones fiscales de la empresa y que llegó de manera “imprevisible e imprevista.

Salvaguardar la empresa

A través de esa normativa, Nuclenor debía afrontar un pago de impuestos de alrededor de “150 millones de euros”, muy superior a lo esperado, lo que imposibilitaba la viabilidad de su operación. Así, la decisión de parar el reactor “se adoptó para cumplir con las obligaciones societarias dado el quebranto económico que suponía para la Sociedad y el riesgo de incumplir lo establecido en la LEN”, permitiendo “salvaguardar” el patrimonio de la empresa y “los derechos de los trabajadores” en un ejercicio económico en el que Garoña “no ha tenido ni un solo ingreso”.