CC.OO denuncia que la prisión está “al borde del colapso” por falta de personal

El sindicato asegura que falta el 30 por ciento de RPT de vigilancia interna, contándose con 75 de los 96 trabajadores necesarios

La edad media de la plantilla es de 54 años, y a partir de los 57 los trabajadores deben pasar a segunda actividad, abandonado los patios

CC.OO asegura que se está deteriorando el servicio para justificar una futura privatización de las instalaciones penitenciarias

CC.OO denuncia que la prisión está “al borde del colapso” por falta de personal Gómez y Moreno en la comparecencia. PCR

El Centro Penitenciario de Burgos vive una situación “insostenible” ante la escasez de trabajadores y el envejecimiento de la plantilla, por no hablar de las condiciones “precarias” en la que los funcionarios y laborales desarrollan sus tareas. Es la denuncia que realizan Ángel Moreno, secretario general de CC.OO en Instituciones Penitenciarias, quien asegura que la cárcel está “al borde del colapso”, y que la situación no va a mejorar a corto plazo, más bien al contrario. Por ese motivo, desde el sindicato reclaman que se cubran de manera “urgente” las vacantes de la plantilla, para garantizar la seguridad de trabajadores e internos.

Moreno denuncia una “demolición controlada” del modelo de prisiones

Mariví Gómez, coordinadora del Sector Administración General del Estado en CC.OO, explica que los problemas de personal se registran en todas las áreas, pero la situación más crítica está en vigilancia interna. Y es que mientras la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) marca 96 funcionarios, en la actualidad sólo se cuenta con 75 profesionales para vigilancia interna, y cuando finalice el año se habrá bajado a 70, lo que supone casi un 30 por ciento menos de personal del que se requeriría para cubrir las necesidades del servicio con calidad y seguridad para todos.

Las vacantes no se cubren, insiste Gómez, y la plantilla está envejecida. De hecho, el 60 por ciento de los trabajadores tiene más de 50 años, frente al 39 por ciento del ámbito nacional. La media de edad es de 54, y a partir de los 57 los funcionarios deben pasar a segunda actividad, es decir, ya no pueden estar vigilando en los patios. Desde CC.OO advierten de los riesgos que entraña esta situación, puesto que a la escasez de personal se suma al elevado número de internos, 472 actualmente, que si bien es menor al de épocas anteriores, sigue suponiendo una ratio de 2,2 presos por cada trabajador, muy lejos de las medias europeas.

De hecho, el número de agresiones a funcionarios y laborales se ha incremento, en el conjunto del país, en un 80 por ciento, y la tasa de siniestralidad está en el 4,86 por ciento, la más alta de toda la Administración General del Estado. Y la cosa no va a mejorar a corto plazo, dado que la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal va a suponer un incremento en el número de presos, por el endurecimiento de las condenas. Siempre ocurre lo mismo, insisten desde el sindicato, recordando que puede ser que ese aumento no se note este mismo año, pero sí lo hará en 2016.

Privatización

La privatización es un “cambio silencioso” que ha comenzado por vigilancia externa

Para Ángel Moreno estamos asistiendo a un proceso de “demolición controlada” del modelo de prisiones, dado que el Gobierno Central está deteriorando el servicio, a fin de justificar privatizaciones posteriores. Temen que se opte por modelos mixtos, público-privados, como en otros países europeos, o por un sistema íntegramente privado, como en Estados Unidos, cuando las instituciones penitenciarias deberían ser un servicio totalmente público. Y es que no se trata sólo de la custodia de internos, sino que se trabaja también en reinserción, la clave del modelo, recuerda el responsable de CC.OO.

Las primeras fases de esa privatización ya se han consumado, con la llegada de seguridad privada a 77 centros penitenciarios de España. Se trata de un contrato de 33 millones de euros, que ha supuesto la entrada de alrededor de 800 profesionales, de los que una veintena están en Burgos. Mientras un empleado público le cuesta a la administración entre 1.700 y 1.900 euros (salario y Seguridad Social), estos trabajadores privados tienen un coste de 2.200 euros mensuales. Y, en estos momentos, sus funciones se “superponen” a las que realizan los agentes de la Guardia Civil. “No aportan nada“, asegura Moreno.