La PAH se encierra en la Junta hasta “recibir una solución”

Diez familias tienen orden de desalojo por no poder pagar sus hipotecas o alquileres y la PAH exige soluciones por parte de la Junta

Demandan que sea la institución regional quien se haga con un parque de viviendas destinadas a alquiler social

La PAH se encierra en la Junta hasta “recibir una solución” Una treintena de miembros permanece de encierro en la Delegación de la Junta. IAC

Una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han encerrado en la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, exigiendo al delegado, Baudilio Fernández-Mardomingo, y al gerente de Servicios Sociales, Ignacio Díez, que se reúnan con ellos y den soluciones a la situación crítica de diez familias.

Actualmente, según explica Julia Braceras, portavoz de la PAH, tiene diez casos límite, con órdenes de desalojo sobre la mesa. Por ello, piden a la Junta que intervenga, ya que es esta institución la que tiene las competencias en materia de vivienda, y lleguen a acuerdos con las entidades bancarias para que estas les cedan pisos vacíos, para destinarlos a una parque de viviendas para alquiler social.

Julia Braceras reclama una política social que “no existe” y advierte que “cada vez hay más personas con trabajo que no pueden pagar sus hipotecas o sus alquileres”. Braceras argumenta que “los sueldos de miseria” se van, en un 80 por ciento, en el pago de la vivienda.

Problemas con la Renta Garantizada de Ciudadanía

Miembro de la PAH, Ana ha presentado su caso en el que ha llegado a solicitar, por tercera vez, la Renta Garantizada de Ciudadanía en los tres últimos años y nunca ha obtenido respuesta afirmativa. Hace unos años consiguió que la “Caixa” le concediese la dación en pago de su hipoteca y tener un alquiler social de 128 euros mensuales. Sus padres respondieron por ella para que mantuviese su vivienda, pagando esa cuota, ya que Ana carece de cualquier ingreso. Sin embargo, Ana asegura que esa ayuda directa de sus padres, le han indicado en la Gerencia de Garantía Social, que sería motivo suficiente para no recibir los 426 euros.