El SOI pide a Diputación agotar las posibilidades de OPE que ofrecen la Ley de PGE
El sindicato independiente exige la convocatoria de la Mesa General de Negociación para cerrar las ofertas públicas de 2017 a 2019
La Ley de PGE permite un cien por cien de reposición, pero también tasas adicionales para dar estabilidad al empleo temporal
El sindicato independiente SOI reclama a la Diputación que convoque la Mesa General de Contratación para analizar las posibilidades de contratación permitidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y sacar las correspondientes ofertas públicas de empleo para el período 2017-2019. En nota de prensa, el sindicato insiste en que se debe convocar a todos los representantes sindicales para elaborar las bases de la oferta pública, incluida la de 2016, aprobada en octubre, y que contempla 20 plazas.
De acuerdo con la Ley de PGE, la Diputación puede cubrir el cien por cien de la tasa de reposición en servicios sociales y de atención directa al ciudadano. Es decir, las plazas que quedan libres por jubilación, fallecimiento, renuncias o excedencias sin reserva de puesto, que ascenderían en número a 35. También hasta un 90 por ciento de las plazas ocupadas ininterrumpidamente al menos durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, y que cuenten con dotación presupuestarias.
En este caso, en la Institución Provincial se estaría hablando de 95 laborales, entre auxiliares de enfermería, limpiadores, CEAS, personal de Agricultura, Vías y Obras, Recaudación y Cultura, y otros 18 funcionarios. Y el tercer supuesto que recoge la Ley hace referencia a una tasa adicional de cobertura para plazas ocupadas por personal temporal antes del 1 de enero de 2005, que serían 8 laborales (auxiliares de la residencia de Oña, peones especiales de la presa de Alba, peones de obra y mantenimiento, animadores y trabajadores sociales) y 2 funcionarios.
A juicio de SOI, la Diputación debería aprovechar la ocasión para “consolidar” todas las plazas afectadas por los supuestos recogidos en la Ley, y sacar una oferta pública de empleo para los años 2017-2019. Para ello se requiere de convocatoria de la Mesa General de Negociación, para diseñar junto con los sindicatos la convocatoria. El sindicato insiste en que el contenido de las pruebas deberá guardar relación con las tareas y funciones habituales de los puestos, valorándose también la experiencia o el tiempo de servicio en esos puestos a concurso.