Arnaiz critica que una vez más el alcalde en funciones no hace frente a las necesidades de los ciudadanos

Centro Civico San Agustín. /Patricia Carro
Centro Civico San Agustín. / Patricia Carro

La edil socialista en funciones, Mª Mar Arnaiz, señala no entender por qué no se cubren las bajas en los CEAS, cuando la cobertura de estas plazas está financiada por la Junta de Castilla y León

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La concejala socialista en funciones, Mª Mar Arnaiz, denuncia una vez más la situación insostenible que se está produciendo en los Centros de Acción Social de la ciudad de Burgos con el personal. En este caso, la socialista quiere hacer referencia al CEAS de San Pedro y San Felices.

Arnaiz explica que, en estos momentos, una de los técnicos está de baja, en concreto desde el pasado 24 de abril, con una previsión de larga duración, y todavía no se ha cubierto su puesto, y como subraya todo parece indicar que no tienen intención de cubrirla.

«En ese CEAS hay 50 personas esperando ser atendidas, con distintas necesidades sociales, algunas de ellas básicas, a parte de las personas que pueden estar afectadas por vencimiento de plazos como renta garantizada, seguimiento de mujeres en riesgo de violencia de género, infancia de riesgo…», critica la edil en funciones.

Arnaiz señala no entender el porqué no se cubre la baja puesto que la cobertura de estas plazas está financiada por la Junta de Castilla y León, según Acuerdo Marco, y como recuerda existe un compromiso por parte del alcalde que fue quien aceptó y firmó dicho acuerdo, que una vez más se incumple. «Se están vulnerando derechos de muchos vecinos de la ciudad con problemas sociales que hay que atender. No puede ser que la concejala de Personal y el alcalde como responsable último sigan mirando para otro lado y no hagan frente a las necesidades perentorias y urgentes de los ciudadanos», concluye.

Además, señala que durante la comisión extraordinaria de coordinacion en materia tributaria se ha propuesto la modificación de la ordenanza fiscal 402 reguladora del precio público por la prestación de servicios de Ayuda a Domicilio, una modificación que tenía que haber sido realidad a principios de año. «El alcalde Lacalle castiga a los usuarios de este servicio con la posibilidad de la gratuidad o la rebaja en el copago, una prueba más de lo necesario y urgente de un cambio de gobierno en la ciudad», concluye.