El Ayuntamiento adquiere seis viviendas sociales, que se adjudicarán en 2018

Las viviendas están destinadas a familias con dificultades para el acceso a la vivienda o desahuciadas/PCR
Las viviendas están destinadas a familias con dificultades para el acceso a la vivienda o desahuciadas / PCR

La Gerencia de Servicios Sociales aprueba la compra de nuevas viviendas por 460.500 euros, que se escriturarán antes de finalizar el año

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales ha dado el visto bueno a la adquisición de seis viviendas sociales destinadas a familias en situación de carencia habitacional o que practican el chabolismo. Se trata de viviendas particulares, pues no pertenecen a ninguna entidad financiera, ha explicado la concejal Gema Conde, que han tenido un coste de 460.500 euros.

Una vez aprobada su compra, el Ayuntamiento de Burgos iniciará la tramitación administrativa para su escritura pública, lo que se realizará antes de finalizar el año. De este modo, Servicios Sociales consigue ejecutar la partida presupuestaria reservada en 2017, tras los problemas sufridos el pasado año, cuando no se pudo realizar la compra por retrasos en la gestión administrativa.

Gema Conde ha comentado que, por acuerdo de la mesa de seguimiento del parque municipal de viviendas de alquiler social, se ha decidido que tres de las viviendas nuevas se incorporen al mismo, que cuenta ya con 15 residencias. El resto, se destinarán al programa de erradicación del chabolismo y se adjudicarán a tres de las 40 familias que residen en el poblado de El Encuentro, a criterio de los técnicos de Servicios Sociales.

Cuando se resuelvan los trámites, ya en 2018, el Ayuntamiento abrirá una nueva convocatoria para solicitar la entrada en el parque municipal de viviendas sociales. Conde ha asegurado que «se está de enhorabuena» por haber conseguido sacar adelante el proyecto, sin además gastar toda la partida reservada de 500.000 euros. De hecho, una parte de los 39.500 euros restantes se destinará a cubrir los gastos derivados de las viviendas sociales propiedad municipal en el ARU de San Cristóbal.

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