El Juzgado tiene indicios de que la firma de Blasco fue falsificada por uno de los trabajadores del Plan Estratégico

Carolina Blasco/Ismael del Álamo
Carolina Blasco / Ismael del Álamo

La concejala, que denunció la suplantación, explica que el juez decretó el «sobreseimiento provisional» del caso a la espera de que pudieran aparecer nuevas pruebas que identifiquen al autor

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha explicado esta mañana que la Justicia decretó el «sobreseimiento provisional» del caso de la falsificación de su firma en documentos del Plan Estratégico, «a la espera de que pudieran aparecer nuevas pruebas» que identifiquen al autor.

A raíz de una pregunta relacionada con su abstención en la votación de la liquidación del Plan Estratégico, la edil 'popular' ha manifestado que «ha quedado acreditado el intento de suplantar mi condición de concejala, la manipulación de documentos y el falseamiento de la firma».

Pero, por el contrario, Blasco ha reconocido que no ha quedado acreditado el autor de los hechos. «Hay indicios evidentes de que puede haber sido uno de los trabajadores del Plan Estratégico. Sin embargo, no se puede imputar la autoría», ha afirmado la munícipe perteneciente al PP.

«Desde mi punto de vista, esta decisión es importante porque, como siempre manifesté, se había manipulado mi firma. El auto pone de manifesto de forma indubitada que fue así y que yo no tenía ninguna implicación con la gestión de los proyectos», ha añadido Blasco. Por otro lado, la portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que los programas se gestionaron correctamente, pero ha matizado que este buen hacer «no justifica la suplantación de una firma de un concejal, que es un delito grave».

«He estado defendiéndome con cargo a mi propio patrimonio»

Ahora, tras la decisión judicial y una vez «ha quedado clara la falsificación de los documentos», Blasco comunicará al Consistorio de la ciudad del Arlanzón el contenido del auto para que «sea el Ayuntamiento el que tome las decisiones oportunas».

La concejala, que ha asegurado que «he estado defendiéndome con cargo a mi propio patrimonio», se ha mostrado satisfecha del auto del Juzgado, ya que «la prueba caligráfica demuestra que las firmas no son mías». Ahora, a su juicio, «es turno» de la administración local para seguir adelante en este proceso, que comenzó con la denuncia de la portavoz del equipo de Gobierno por falsedad en documento privado el 20 de septiembre de 2016 y ampliada el 3 de octubre del mismo año.