Lacalle vuelve a enfrentarse a los no adscritos por su derecho a los ruegos y preguntas

Imagen de archivo de Blanca Guinea en una sesión plenaria/BC
Imagen de archivo de Blanca Guinea en una sesión plenaria / BC

Blanca Guinea quería preguntar al alcalde sobre los «rumores» en torno a la obtención de su diploma de Estudios Avanzados de la UBU, pero Lacalle no lo permitió

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

La cosa se pone cada vez más tensa entre el alcalde, Javier Lacalle, y los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Burgos. Después de la expulsión de Raúl Salinero del pleno de julio, Blanca Guinea se ha enzarzado en una nueva discusión con Lacalle en relación a los derechos que tienen los no adscritos de realizar preguntas y ruegos en las sesiones plenarias. Discusión de la que también ha tomado parte Fernando Gómez, quien ha traído a colación el último dictámen del Procurador del Común, en el que precisamente hace referencia a este asunto.

Guinea ha intentado, en el turno de ruegos y preguntas, intervenir con una pregunta al alcalde relativa a los «rumores» que circulan por la ciudad sobre la obtención de su Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Burgos. Según ha explicado a los medios de comunicación una vez concluido el pleno, la concejal quería que Lacalle «despejase cualquier tipo de duda», evitando así a la ciudad vivir el «bochorno» que se está sufriendo en el ámbito nacional con la obtención de títulos, másteres y tesis doctorales.

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La edil vinculada a Podemos ha insistido en que el regidor debe «aclarar las dudas» sobre su trabajo final y sobre cómo curso los estudios para conseguir el diploma. Y el mejor lugar para hacerlo, a su juicio, era el Pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, Lacalle no le ha dado opciones de preguntar, alegando que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) no recoge la posibilidad de que los concejales no adscritos hagan ruegos y preguntas.

El propio secretario general del Pleno ha explicado que el ROF recoge el derecho de intervención de los grupos municipales y el número máximo de preguntas y ruegos (cinco en el caso de los grupos de más de 5 concejales, tres en el resto). No obstante, «no dice nada de los concejales no adscritos», así que el secretario considera que «esta deficiencia» debe interpretarse teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Para ello, lo conveniente sería emitir un informe jurídico y que en la Junta de Portavoces se acordase el modo de intervención de los no adscritos. Lacalle ha insistido en que son los portavoes lo que tienen la capacidad de interpretar el ROF, de ahí que se haya comprometido a llevar a la próxima reunión ese informe jurídico, si bien ha insistido en que los no adscritos no pueden tener más derechos que un grupo municipal.

«Indignación»

Sin embargo, a Blanca Guinea no le ha gustado nada la actuación del alcalde, al que le acusa de falta de respeto a los corporativos y al sistema democrático. La edil ha recordado que ha sido el propio secretario el que ha apuntado que los no adscritos tendrían derecho, al menos, a plantear una pregunta y un ruego, y que en la sesión de hoy se lo han impedido, provocando la «indignación» de Guinea y el estupor de Fernando Gómez.

El también edil no adscrito ha asegurado que se ha producido un «hecho sin precedentes», pues en otras sesiones plenarias sí se les ha dejado intervenir. Es «inconcebible» que puedan plantear preguntas los ciudadanos pero no un conejal, ha remarcado, al mismo tiempo que ha recordado que la última resolución del Procurador del Común constata que el ROF es muy «restrictivo» en cuanto a los derechos de los concejales no adscritos.

Deja claro lo que no puden hacer pero no recoge sus derechos, de ahí que el Procurador haya instado al Ayuntamiento a modificar el reglamento. También a dejar participar a los no adscritos en comisiones informativas y consejos. Gómez confía en que el alcalde recapacide y el Ayuntamiento siga las instrucciones del Procurador del Común.

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