El PSOE pide a la Junta que agilice la firma del convenio para acometer la última fase del ARU de San Cristóbal

Imagen de las viviendas ya rehabilitadas/
Imagen de las viviendas ya rehabilitadas

Antonio Fernández Santos recuerda el «esfuerzo enorme» que han hecho los vecinos, a la espera del convenio para poder actuar en 125 viviendas

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

Las viviendas ya están seleccionadas, los proyectos técnicos se han configurado y solo falta la licencia municipal para acometer la segunda fase del Área de Rehabilitación Urbana de San Cristóbal, que afectará a 125 viviendas y 9 locales. Sin embargo, dicha licencia no se puede conceder pues falta la firma del convenio de colaboración entre las tres administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León y el Gobierno Central.

Así lo denuncia Antonio Fernández Santos, quien exige a la Junta que agilice los trámites para firmar el convenio, y al Equipo de Gobierno del Partido Popular que presione, dado que el «esfuerzo enorme» de los vecinos tiene que ser tenido en cuenta. La segunda fase supondría invertir 2,7 millones de euros, de los que 2 millones irían a la rehabilitación de las 125 viviendas y los 9 locales, mientras que otros 650.000 euros a la urbanización pendiente en el barrio.

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«Todos los trámites están realizados», ha afirmado el concejal socialista, solo se está a la espera del convenio de colaboración, gracias al cual se han invertido más de 7 millones de euros en la rehabilitación de 400 viviendas, las correspondientes a la primera fase más la prórroga concedida al anterior convenio entre administraciones. Y todavía quedaría una tercera fase, según el PSOE, con 116 viviendas.

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Por otra parte, el PSOE espera que Lacalle no trate de volver a prorrogar el contrato firmado en 1997 con JC Decaux para la gestión de los espacios de publicidad exterior (muppis y marquesinas), aunque todavía quepa una tercera, y última prórroga. «Ya está bien, ¿no?», se pregunta antonio Fernández Santos, pues el contrato lleva en vigor 22 años, algo «abusivo» y que la legislación actual no permitiría.

Mientras, la compensación al Ayuntamiento ha sido «mínima», así que ahora es el momento de repensar el uso de los espacios de publicidad exterior y pide al nuevo Equipo de Gobierno que no opte por la prórroga, aun temiendo que el alcalde Javier Lacalle pueda gestionarlo para llegar a los 24 años, plazo máximo del contrato en vigor.