Los firmantes de la denuncia del HUBU ven un delito «continuado» y cifran en 130 millones el «agujero» para las arcas públicas 

Hospital Universitario de Burgos. /BC
Hospital Universitario de Burgos. / BC

El PSOE pide a Igea (Cs) que explique si la situación del Hospital de Burgos está en el pacto de gobierno que ultiman con el Partido Popular

ICALValladolid

Los firmantes de la denuncia sobre el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que se presentó el 12 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción, consideraron hoy que los hechos no han prescrito puesto que constituirían presuntamente un «delito continuado» en beneficio de la concesionaria que construyó el centro y explota servicios no sanitarios, con un «agujero», al menos, para las arcas públicas de la comunidad de casi 130 millones de euros.

El presidente de la Asociación Sanidad Pública Sí, Juan Antonio Ayllón; Próspero García, de la Asociación Libre Arquitectura, así como los parlamentarios de PSOE y Podemos, Luis Briones y Laura Domínguez, y el representante de IU en Castilla y León, Juan Gascón, han comparecido hoy en las Cortes para presentar los detalles de la denuncia, que también firma el leonés Manuel Mitadiel como miembro de la Comisión de Investigación en representación de Cs, pero este no ha participado en la convocatoria ante los medios, en plenas negociaciones de su partido con el PP para llegar a un pacto de gobierno en Castilla y León.

La denuncia se centra en la construcción, financiación y explotación del HUBU, un proceso en el que piden a la Fiscalía Especial contra la Corrupción que investigue si los hechos pueden suponer un presunto delito de malversación de caudales públicos, el principal sobre el que se sustenta el escrito, y otro de prevaricación, aunque no descartan que pudiera darse también otro de revelación de información privilegiada, aunque le otorgan menor peso jurídico.

El texto se suma a otro registrado por Mitadiel ante la Fiscalía de Valladolid, si bien la representación legal de los firmantes, que lleva el abogado Emilio Martínez, alegó que los hechos descritos encajan en las competencias de Anticorrupción, que señaló cuenta con más medios que las fiscalías provinciales para abordar un proceso de este tipo, sobre el que no hay establecido un plazo para ser admitida a trámite, archivada o dirigida a un juzgado determinado.

Para el letrado, el presunto delito de malversación, que sustentó sobre unos 500 millones, sería «lo más importante» por su peso en el presupuesto de la Comunidad y por suponer un «grave daño» para las arcas públicas. No obstante, la información facilitada indica que solo con los pagos indebidos por los retrasos en la construcción, las penalizaciones no hechas, el pago de intereses como si la concesionaria fuera un banco, situarían el «agujero» para la Junta en unos 128 millones.

Con esta cantidad, según Pablo Oyagüez de la Junta de Personal de Burgos, se podrían haber contratado durante un año más de 630 especialistas, 1.400 profesionales de enfermería, 570 técnicos auxiliares de enfermería, 550 profesiones sanitarios de otro tipo, 259 trabajadores de administración y 286 celadores. Con ello, quisieron mostrar el efecto «pernicioso» que ha tenido este asunto para la salud de los ciudadanos.

También el letrado Emilio Martínez ha negado que el sobrecoste pueda estar vinculado a una mejor dotación, puesto que ha señalado que inicialmente se rechazaron los modificados, hasta que se inició una etapa de «oscuridad», en la que mediante un ejercicio «mágico», se aprobaron con costes superiores para la administración, apartándose del contrato inicial.

Además, los firmantes, según ha explicado Juan Antonio Ayllón, no descartan que puedan añadirse otros elementos con responsabilidad jurídica a la denuncia, puesto que argumentó que se han centrado en una parte del proceso del HUBU.

Respuesta ciudadana

El representante de la Asociación Sanidad Pública Si de Burgos ha expuesto que el inicio del camino judicial sobre el contrato de concesión del HUBU es una respuesta ciudadana, tras una operación de «absoluta falta de transparencia» de la Junta de Castilla y León. Ha explicado que desde 2013, aunque algunas también lo hicieron antes, se inició una pelea contra este modelo público-privado, que siguen tratando de revertir por ser una «barbaridad». Señaló que cada año se aponga 33 millones por encima de lo previsto, que a su juicio podría dedicarse al «decrépito» sistema sanitario.

Además, ha valorado que se unió en la pasada legislatura autonómica en un trabajo colectivo a todos los grupos de la oposición, que ha recordado firmaron el escrito de conclusiones de la Comisión de Investigación del HUBU, en la que a su juicio el PP trató de «estorbar» más que «averiguar». Finalmente, ha valorado que los grupos de entonces acordaran presentar la denuncia, ya elaborada, tras la celebración de las elecciones autonómicas del 26 de mayo para no entorpecer el proceso electoral.

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