Medio millar de funcionarios de Justicia estarían afectados por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Concentración de este martes frente al Juzgado/AIA
Concentración de este martes frente al Juzgado / AIA

Desde este martes y hasta el 16 de noviembre habrá concentraciones de 10:00 a 10:30 horas en los centros de trabajo | El día 16 CSIF, STAJ, CCOO y UGT han convocado jornada de huelga con una gran movilización en Madrid

Andrea Ibáñez
ANDREA IBÁÑEZBurgos

Decenas de funcionarios de la Administración de Justicia se han movilizado este martes para manifestar su desacuerdo con la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada ya en el Congreso de los Diputados y que ahora se tramitará en el Senado. En ella, se contempla la unificación en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa y arbitraria de todos los funcionarios, tal y como ha explicado Ascensión Codón, de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Además, dentro de esta proposición se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo, lo que supondría sobrecargar de trabajo a otros trabajadores.

Por otro lado, los sindicatos también han querido señalar que: «Rechazamos el mayor ataque a la historia de los derechos laborales de los funcionarios de la administración de Justicia, ya que se ha vulnerado el derecho de la negociación colectiva, porque no se ha respetado».

A modo de protesta, están previstas concentraciones en las puertas de los centros de trabajo, desde este martes, todos los días laborables de 10:00 a 10:30 horas hasta el 16 de noviembre. Día en el cual CSIF, STAJ, CCOO y UGT han convocado una huelga y una gran movilización a nivel nacional en Madrid contra la reforma de la Ley Orgánica.

Alberto Arroyo del Sindicado de Trabajadores de Administración en Justicia (STAJ) ha explicado que «está medida va dirigida a tener el control de los funcionarios y no a dividir la carga de trabajo». Si la proposición de Ley llega a buen termino, en el mes de diciembre podría entrar en vigor y afectaría a 500 trabajadores en la provincia de Burgos.

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