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Ayuntamiento de Burgos. BC
El Estado concede a la Junta Arbitral de Consumo de Burgos la mayor subvención de toda España

El Estado concede a la Junta Arbitral de Consumo de Burgos la mayor subvención de toda España

Ha recibido una ayuda próxima a los 100.000 euros, después de tramitar 1.074 solicitudes arbitrales y dictar 704 laudos arbitrales de obligado cumplimiento en 2020

Martes, 21 de diciembre 2021, 11:57

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El Ministerio de Consumo ha notificado la resolución de concesión de subvenciones para el fomento de las Juntas Arbitrales de Consumo de España, concediendo a la Junta Arbitral de Burgos casi 100.000 euros de los 800.320 euros que estaban presupuestados para su reparto entre las 47 Juntas Arbitrales municipales y provinciales existentes en España.

Las ayudas que otorga el Estado se calculan en un 60% en función de la actividad de cada Junta Arbitral, valorándose los conflictos que hayan resuelto, las solicitudes de arbitraje recibidas, los laudos emitidos y el número de mediaciones efectuadas, entre otras variables. En concreto, en 2020 la Junta Arbitral de Burgos tramitó 1.074 solicitudes arbitrales y dictó 704 laudos arbitrales de obligado cumplimiento.

Dado que la Junta Arbitral de Burgos es la que mayor actividad despliega, es la que mayor subvención recibe del Estado, siendo muy notable la diferencia con el resto de las municipales existentes, ya que la segunda en cuantía es la del Ayuntamiento de Madrid, que recibe la mitad (50.440.82 euros), la de Barcelona que recibe algo más de la tercera parte (39.764,52 euros), o Valladolid que recibe cuatro veces menos (25.388 euros).

Juntas arbitrales de consumo

Las Juntas Arbitrales de Consumo, cuya creación es materia atribuida a la competencia exclusiva del Estado en razón del artículo 149.1, 6ª y 8ª de la Constitución, se constituyen mediante delegación de competencias a través de la firma de un convenio entre el Ministerio de Consumo y las diferentes Administraciones Públicas, que en el caso de Burgos data de 1.995 y ha sido renovado el presente año, según publicaba el BOE el 6/08/2021.

La delegación de competencias por la que el Ayuntamiento de Burgos creó la Junta Arbitral de Consumo obliga al Estado a financiar su mantenimiento, pero, sin embargo, sólo destina 800.320 euros con cargo a su presupuesto para su reparto entre las 47 Juntas Arbitrales de Consumo municipales y provinciales existentes que, lógicamente, se sostienen con cargo a los presupuestos de las administraciones municipales o provinciales de las que dependen, ya que la aportación del estado es totalmente insuficiente.

Por otro lado, llama la atención que el Estado destine similar cuantía (820.120 euros), para su reparto entre las 19 Juntas Arbitrales adscritas a las Comunidades Autónomas, cuando realizan las mismas funciones que las municipales. De hecho, la Junta Arbitral Municipal de Burgos despliega mayor actividad que 16 de las regionales existentes, sólo superada por las regionales de Madrid, Barcelona y Galicia. Sin embargo, la cuantía destinada es totalmente desproporcionada con respecto a las municipales.

El Arbitraje de Consumo ha sido implantado en España con diferente éxito en los distintos municipios y comunidades, siendo Burgos una de las ciudades con mayor implantación, ya que cuenta con 3.254 empresas y profesionales adheridos, debido fundamentalmente al esfuerzo realizado durante años por el Ayuntamiento en la difusión y captación de empresas. Actualmente está prevista una nueva campaña para el año 2022, al objeto de alcanzar la cifra de 4.000 empresas adheridas.

Para el Ayuntamiento de Burgos es una satisfacción disponer de la Junta Arbitral Municipal más activa de España, y por ello un referente nacional del que todos los consumidores y tejido empresarial local pueden sentirse orgullosos, si bien es imprescindible que el Ministerio de Consumo y la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla y León adecúen las cuantías de las subvenciones a las necesidades reales que soportan los Ayuntamientos en el sostenimientos de estos servicios que tan importante labor social realizan en materia de protección de la ciudadanía como consumidora.

En tal sentido cabe recordar que el Ayuntamiento de Burgos ha elevado sendas propuestas a los organismos citados sobre modificación regulatoria y mejora de la línea de cofinanciación de estos servicios, en la seguridad que serán atendidas, si bien hasta la fecha ninguno de los dos ha dado respuesta satisfactoria al respecto.

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