Piden entre siete y ocho años de prisión para la banda georgiana acusada de robar en varias viviendas en 2017

El exsubdelegado del Gobierno, Roberto Sáiz, presentó los resultados de la operación en agosto del año pasado./GIT
El exsubdelegado del Gobierno, Roberto Sáiz, presentó los resultados de la operación en agosto del año pasado. / GIT

Los tres acusados fueron detenidos en agosto de 2017 tras ser sorprendidos marcando varias viviendas en la calle Calleja y Zurita | Se les acusa de sendos delitos de robo continuado, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

La Audiencia Provincial de Burgos acogerá el próximo día 11 el juicio oral contra los tres miembros de una banda presuntamente dedicada al robo en domicilios que fue desarticulada el año pasado, un proceso en el que la Fiscalía solicita penas de entre siete y ocho años de prisión para cada uno de los acusados.

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando la Policía Nacional detuvo a los tres acusados, de nacionalidad georgiana, tras ser sorprendidos marcando varias viviendas en un portal de la calle Calleja y Zurita. La operación, desarrollada de madrugada, fue iniciada después de que la Policía detectara un significativo incremento de denuncias por robos en domicilios perpetrados en Burgos durante el verano aprovechando la ausencia de sus moradores. Las diferentes pistas obtenidas por los agentes durante la investigación y la colaboración ciudadana permitieron estrechar el cerco sobre una banda, a la que practicaron un seguimiento que desembocó en la detención de los tres acusados tras ser sorprendidos marcando varias viviendas.

En aquel momento, la Policía les vinculó de una manera u otra con al menos 36 robos perpetrados en domicilios de la capital en las semanas anteriores. Sin embargo, en este procedimiento judicial, la Fiscalía sólo considera probada su participación en tres hechos concretos, perpetrados en sendos domicilios de la calle Sara Borrell y la calle Europa, así como el del edificio de la calle Calleja y Zurita.

En este sentido, la Policía ya reconoció tras la operación (que culminó con las detenciones en pleno puente del 15 de agosto), que sólo se pudo recuperar una pequeña parte del botín obtenido en los robos con los que se les vinculaba, ya que la banda estaba perfectamente organizada para, una vez realizados los robos, dar salida inmediata a los efectos sustraídos.

Otros delitos

Eso sí, al margen de los robos, el Ministerio Fiscal también imputa a los tres acusados varios delitos más, incluido el de pertenencia a grupo criminal y el de falsedad documental. Y es que, tal y como refleja el escrito de acusación, en el registro del domicilio de la calle Alfareros donde residían también intervinieron documentos con apariencia de documentos de identidad rumanos y lituanos que no habían sido emitidos por las autoridades de dichos países, sino confeccionados por los acusados.

A mayores, uno de los tres acusados se encontraba en situación irregular en España, una circunstancia por la que también se le ha incoado el correspondiente expediente de expulsión.

Este último también tiene antecedentes penales por un caso similar, toda vez que ya había sido condenado por sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena por un delito de robo en una casa habitada. Por dicho caso, el acusado fue condenado a una pena de un año de prisión sustituída por una multa sufragada en 2016.

Para él, el Ministerio Fiscal solicita ahora una pena de seis años de prisión por un delito de robo continuado, a la que se suma otra de dos años por un delito de falsedad documental y otra de ocho meses por integración en grupo criminal.

Para los otros dos acusados, el fiscal reduce su petición de pena a una condena de cinco años de prisión por el delito de robo continuado, manteniendo la misma petición de penas por los otros dos delitos que se les imputan. Una petición de penas que, en todo caso, se reduce a un máximo de cinco años y siete meses, complementados con la expulsión de territorio nacional, sin que el acusado pueda regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.

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