La Policía Nacional inspecciona 39 establecimientos hosteleros en Burgos por la emisión ilícita de partidos de fútbol

Aficionados siguen un partido de fútbol desde la terraza de un bar./El Norte de Castilla
Aficionados siguen un partido de fútbol desde la terraza de un bar. / El Norte de Castilla

Los agentes han realizado desde finales de noviembre más de 2.000 registros

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La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha sido la encargada de coordinar un operativo que se ha desarrollado en varias provincias, entre ellas Burgos, en el que se han realizado inspecciones en establecimientos hosteleros durante la emisión de los partidos de fútbol para verificar que la emisión era lícita o en caso contrario proceder a la desconexión de los dispositivos utilizados y a la intervención del decodificador ilegal.

En la provincia burgalesa y a instancia de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, la Comisaría Provincial de Burgos ha realizado un total de 17 inspecciones en la capital, 10 en Miranda de Ebro, 2 en Lerma, 6 en Villacaryo y 4 en Medina de Pomar, todas ellas en establecimientos públicos de ocio.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que, a nivel nacional, aproximadamente un 60% de los establecimientos inspeccionados se encontraba realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un decodificador 'vitaminado', al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado.

La Policía Nacional ha inspeccionado, desde finales de noviembre, más de 2.000 establecimientos de hostelería por la emisión ilícita de partidos de fútbol, después de que representantes legales de LaLiga denunciaran a los titulares de diversos establecimientos públicos de diferentes puntos de España por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

Los responsables de los comercios presuntamente ponían a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, con lo que ocasionaban importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos. Además, esta actividad ilícita no sólo afectaría negativamente a LaLiga, sus clubes y los teleoperadores, sino también a los dueños de otros establecimientos públicos que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos contenidos en sus respectivos locales.

En la actualidad se siguen investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos.