Los presos de la cárcel de Burgos volverán a recibir clases para la obtención de los permisos B y A2

Los presos de la cárcel de Burgos volverán a recibir clases para la obtención de los permisos B y A2

La Confederación Nacional de Autoescuelas e Instituciones Penitenciarias renuevan su acuerdo para impartir clases de formación vial a los internos y favorecer su reinserción social

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Los reclusos del centro penitenciario de Burgos podrán beneficiarse de la campaña de universalización de la educación vial, tras la firma del acuerdo el pasado mes de noviembre entre el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Las clases teóricas de los permisos tendrán lugar en el centro penitenciario de Burgos; la formación práctica correrá por cuenta del recluso, así como la tasa de examen. La recuperación del carné (perdido por agotamiento de los puntos o por decisión judicial) también la abonará el interno. En este caso, será el centro autorizado más próximo a la prisión, para lo cual un profesor se desplazará hasta la cárcel. Durante su formación, los reclusos del programa también recibirán la visita de víctimas de accidentes de tráfico, cuyo testimonio tiene un fin de concienciación y formativo.

La iniciativa, que comenzó en el año 2010 y se había interrumpido en 2017, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Fiscalía de Seguridad Vial, el Real Automóvil Club de España (RACE) y la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos (ASECEMP), entre otras entidades. El programa formador y educador permitió que, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, más de 1.000 condenados superaran la prueba teórica y 500 obtuvieran finalmente el permiso.

Las autoescuelas miembros de asociaciones de CNAE (unas 5.550) que participen en la campaña volverán a impartir la enseñanza teórica y práctica para que los internos admitidos al programa que cumplan condena en este centro penitenciario acceder al permiso de conducir (de las clases B y A2). Así, intervendrán en actividades de concienciación en materia de seguridad vial entre la población reclusa poseedora del permiso.

A 31 de abril había algo más de 1.200 personas privadas de libertad por delitos relacionados con la Seguridad del Tráfico. Representaban un 2,3% del total de la población reclusa. No obstante, el programa está abierto a todo tipo de internos, con preferencia para los que están a punto de cumplir su condena. Ya se han apuntado más de 1.000.

En el acto de presentación de la campaña intervinieron el director de la DGT, Pere Navarro; el fiscal coordinador de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; uno de los vicepresidentes de CNAE, Íñigo Montenegro; el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas; el director general de ASECEMP, Bonifacio Martín, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Navarro se felicitó de que se reanudase la iniciativa y de que tantas instituciones y entidades colaborasen para llevarla a buen puerto. A preguntas de uno de los asistentes, el director general de Tráfico reiteró su extrañeza ante el hecho de que «nuestro país sea uno de los pocos de la Unión Europea en los que se puede obtener el permiso de conducir sin pisar el aula de la autoescuela; las ocho horas de enseñanza presencial sobre los factores de riesgo irán en el próximo Reglamento General de Circulación, aunque desconocemos cuándo se tramitará la reforma».

Por su parte, Íñigo Montenegro se expresó en parecidos términos. «CNAE pone nuevamente a disposición de los centros penitenciarios 5.550 autoescuelas repartidas por todo el territorio nacional y los 360 centros homologados para la recuperación del permiso por puntos, integrados en la UTE que ella encabeza. Para CNAE es un placer impartir formación presencial que ayude a la reeducación vial y a visibilizar los riesgos de la conducción. Se trata de algo necesario no sólo para los internos de las cárceles del país, sino para todos los ciudadanos».

Bartolomé Vargas afirmó que: «Los datos de ingresos en prisión por delitos contra la seguridad vial son impactantes; además, la reinserción social es un mandato que nos incumbe a todos».

Ángel Luis Ortiz, por su parte, explicó que «la finalidad de la iniciativa es reconducir y reeducar a los que están en prisión por haber cometido un delito contra la seguridad vial. En esa labor contaremos con la presencia de miembros de las asociaciones de víctimas, las cuales van a aportar su inestimable testimonio».