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Esther Peña reivindica la Facultad de Medicina para la ciudad de Burgos. ricardo ordóñez/ical
El PSOE «no espera otra cosa que no sea un sí» a la creación de una Facultad de Medicina en Burgos

El PSOE «no espera otra cosa que no sea un sí» a la creación de una Facultad de Medicina en Burgos

Peña dice que «Mañueco y su holgazanería tienen el dinero encima de la mesa» que «las medidas las pone el PSOE», por lo que «tiene que ser un si y más pronto que tarde en esta ciudad»

M.L.M. / ICAL.

Burgos

Lunes, 24 de octubre 2022, 19:52

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El PSOE de Burgos «no espera otra cosa que no sea un sí» de la Junta de Castilla y León a la creación de una Facultad de Medicina en la capital burgalesa, según exclamó su secretaria general, Esther Peña, ante la proposición no de ley que el grupo parlamentario socialista presentará este jueves en las Cortes para instar al Gobierno autonómico a iniciar los trámites precisos que permitan adoptar los acuerdos necesarios para implantar en la UBU y la ULE estos estudios.

En este sentido, Peña aseveró que «el Gobierno de la vagancia de Mañueco ya no tiene excusa», al tiempo que agregó que «Mañueco y su holgazanería tienen el dinero encima de la mesa, las medidas las pone el PSOE y no esperamos otra cosa que no sea un sí a esta Facultad de Medicina que tiene que ser un sí y más pronto que tarde en esta ciudad».

Asimismo, expuso que Castilla y León cuenta con dos facultades de Medicina para las nueve provincias, en la Universidad de Valladolid y en la Universidad de Salamanca. Cada una de ellas ha ofertado en los cuatro últimos cursos académicos 180 plazas sin que haya habido un incremento de la oferta de plazas para estudiar Medicina en la Comunidad desde hace muchos años, a pesar del consenso que existe desde hace más de diez años, no solo para ampliar la oferta de plazas, sino también para crear nuevas facultades en otras provincias de Castilla y León.

Además, manifestó que el problema actual de déficit de profesionales sanitarios, especialmente médicos, se agravará en los próximos cinco años ya que el sistema público de salud perderá algo más de 600 médicos que no podrán continuar en activo al cumplir los 70 años o la dificultad para cubrir plazas de medicina, fundamentalmente en las zonas rurales, o el rechazo de los residentes que finalizan su formación especializada en Castilla y León a continuar en esta Comunidad.

Un consenso social «unánime» desde hace años también en Burgos donde el propio rector de la Universidad solicitó al nuevo Gobierno autonómico su implantación y donde el PSOE no entiende la negativa de la Junta, después de que el actual consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, «apoyara esta reivindicación que olvidó tras las elecciones». También remarcó el consenso institucional en la ciudad después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara instar a la Junta con el apoyo de los cinco grupos políticos municipales con representación.

Peña recordó que no solo es Castilla y León la Comunidad que solicita la creación de nuevas facultades de Medicina sino que Andalucía, por ejemplo, cuenta este curso con dos nuevas facultades de Medicina y otras muchas universidades han incrementado la oferta de plazas. Por ello, defendió que existen argumentos suficientes, tanto sanitarios como académicos y sociales favorables a la implantación de la Facultad de Medicina en Burgos y que solo hace falta la voluntad de la Junta.

«Una demanda histórica que el PSOE hace suya y que va a debate esta semana a las Cortes», subrayó, al tiempo que afirmó que «Burgos tiene capacidad para acoger una Facultad de Medicina y un hospital universitario que ha de completar con este grado en el campus de la UBU». «No hay ninguna excusa porque necesitamos profesionales sanitarios y además la Junta de Castilla y León lleva unos años que está abriendo facultades de todo tipo por toda la Comunidad, sobre todo, privadas», resaltó.

400 millones de euros

Asimismo, Peña recordó que esta semana ante «la triste efemérides de que se cumple seis meses del Gobierno más vago de la Junta que ha tenido esta tierra», el PSCyL presenta dos iniciativas al pleno de las Cortes de Castilla y León. Una de ellas es la anteriormente citada y la otra, dijo, se trata de una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a habilitar, de manera inmediata, un fondo con una consignación mínima de 400 millones de euros para la convocatoria de ayudas directas destinadas a paliar el aumento del precio de combustibles, gas y electricidad, dirigido a autónomos, pymes, familias y comunidades de propietarios.

En esta línea, manifestó que en el marco de la negociación colectiva de los empleados públicos, se pide aprobar un incremento adicional de las retribuciones de los empleados públicos en 2023, con el objetivo de equiparar las retribuciones con las de otras comunidades autónomas, especialmente las del personal docente y sanitario, a fin de fidelizar estos profesionales y cubrir las necesidades existentes.

Además, cumplir los compromisos de implantación de la Jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos de Castilla y León a partir del 1 de enero de 2023 y de eliminación de la incompatibilidad existente entre carrera profesional horizontal y sexenios para el personal funcionario docente no universitario en la Ley 7/2019, de 19 de marzo, agilizando el desarrollo de la carrera profesional para la totalidad de las y los empleados públicos de Castilla y León.

También se recoge establecer un Plan de Incentivos fiscales a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación de empleo en el medio rural incluyendo bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes para personas físicas cuya residencia habitual esté en zonas rurales, adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales, traslado de vivienda habitual al medio rural, los autónomos y empresas que establezcan o mantengan inversiones en el medio rural, así como incentivar especialmente la contratación de mujeres y jóvenes en el mundo rural.

Así como sufragar el coste de acceso a los servicios públicos esenciales que hacen efectivos los derechos sociales garantizados en el Estatuto de Autonomía, el acceso de los habitantes del medio rural a servicios, actividades y suministros básicos de los que carezcan en su núcleo de residencia y el fomento de las políticas de apoyo a la familia, de conciliación y de atención a las personas dependientes, especialmente a las residentes de manera efectiva en municipios rurales. «La Junta tiene que mover pieza», exclamó Peña.

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