Castilla y León es la región que más redujo sus emisiones de CO2 en los últimos 25 años

Contaminación atmosférica debida a los gases de una planta de energía/
Contaminación atmosférica debida a los gases de una planta de energía

La comunidad es, sin embargo, la tercera que más contamina tras Cataluña y Andalucía, con el 10% del total

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Que Castilla y León haya acumulado unas emisiones totales de 972.403 millones de toneladas de CO2 en los 25 años que van entre 1990 y 2015 puede verse de varias maneras. Si comparamos la foto de la comunidad con el resto de autonomías el resultado es que Castilla y León es, por detrás de Andalucía y Cataluña, la tercera más contaminante, con el 10%, del total. Si, en cambio, miramos cuál ha sido la evolución a lo largo del citado periodo de tiempo, la región es la que más ha reducido sus emisiones en ese cuarto de siglo.

El año pasado fue, según se pone de manifiesto en un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, «el año en el que por fin se han ‘unido los puntos’ o relacionado las diferentes evidencias en cuanto al cambio climático y que, por fin, se ha trasladado esta preocupación a la sociedad». «Ya todo el mundo reconoce que existe cambio climático y que nos afecta a nuestra vida diaria y a nuestra economía desde los devastadores incendios forestales hasta la sequía, pasando por la pérdida de cosechas o a nuestra salud por la mala calidad del aire. Y que todo esto se debe a la mano del hombre, y en concreto a las emisiones de CO2», señala el estudio de este organismo independiente.

En opinión del comité de expertos, «2018 puede ser el año en el que realmente se inicie el tránsito hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y este objetivo también repercutirá por supuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en la adopción de una economía circular».

Su parte de culpa

Los ejecutivos autonómicos, reseñan, «tienen responsabilidades para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción, desarrollar las renovables, incentivar el autoconsumo, la compra pública desde la administración, aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos, etcétera». De modo que tienen también su parte de culpa (o de mérito) en el éxito o fracaso de la lucha contra el cambio climático.

En datos

    De los 9,33 billones de toneladas de dióxido de carbono lanzadas por España en la atmósfera entre 1990 y 2015, la mayor parte correspondió a Andalucía, con 1,32 billones, y Cataluña, con 1,28 (lo que supone el 14% del total emitido). En tercer lugar se situó Castilla y León, con el 10,4%, y por detrás, Galicia con el 9%, Asturias con el 8% y la C. Valenciana con el 7%. Las que menos emisiones produjeron fueron La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura.

    Las únicas comunidades que han reducido sus emisiones, según detalla el informe, que utiliza datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, han sido Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha y Galicia. La región, por cada 100 unidades de CO2 que emitía en 1990, ahora emite 96, es decir, el 4% menos. El resto de reducciones están entre el 3% y el 1%. Las trece autonomías restantes contaminan en la actualidad más que hace 25 años. Las que más han aumentado las emisiones son Extremadura (49%), Murcia (48%), Canarias (46%), la C. Valenciana (43%), Madrid (42%) y Andalucía (40%).

    Más información

    El Observatorio de la Sostenibilidad diferencia en su estudio entre emisiones de CO2 procedentes de grandes instalaciones industriales (fijas) y aquellas que son responsabilidad del tejido pyme no industrial y debidas al consumo, transporte, calefacciones, etc. (difusas).

    Las comunidades con más peso de emisiones de sectores fijos son Asturias (77%del total de CO2 producido) y Galicia (54%) coincidiendo con las grandes emisiones de las centrales térmicas. Castilla y León ocupa la parte central de la tabla, con el 40%. En el otro extremo, Madrid (5%), Extremadura (10%) y La Rioja (14%), presentan un máximo de emisiones difusas, coincidiendo con la carencia casi total de industrias y por ello un máximo de emisiones debidas las transporte y otros sectores difusos.

    Ahora bien, los mayores emisores per cápita son los asturianos ( 28,3 toneladas de CO2 equivalente/habitante), seguidos de los castellanos y leoneses (13,4), los aragoneses (12,4) y los gallegos (10,6), coincidiendo una vez más con las centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas poco pobladas por lo general. Por contra los menores emisores per cápita son los madrileños (3,4), los valencianos (5,1) y los andaluces (6,2). Aunque es evidente que sobre todo en el caso de Madrid es donde se consume mayoritariamente la energía que se produce en regiones como Aragón, Asturias o Galicia.

    Emisiones fijas y difusas

    La diferenciación entre emisiones fijas y difusas solo es posible estadísticamente a partir de 2006, cuando se creó el Registro Nacional de Emisiones. La evolución de las emisiones fijas desde esta fecha muestra que todas las comunidades las han reducido entre 2006 y 2016, con La Rioja (84% menos) y la Comunidad de Madrid (75%) como las que más han disminuido, coincidiendo con procesos de desindustrialización; y la Comunidad Valenciana (que permanece igual), Asturias (3% menos) y Galicia (7 % menos), las que menor reducción han experimentado, al margen de las ciudades autónomas, que en realidad han elevado sus emisiones. Castilla y León es la séptima región con mayor reducción de emisiones fijas, en concreto del 42%.

    En cuanto a los valores más elevados de emisiones difusas per cápita se dan en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León (ocho toneladas de CO2 equivalente/habitante) y Aragón (7), ambas ya en el máximo de la ratio para todas las emisiones.

    Entre 2006 y 2015 todos los territorios nacionales ha reducido sus emisiones difusas –que, recordemos, suponen el 60%del total en Castilla y León–, incluidas las ciudades autónomas. De hecho, la mayor reducción se ha producido en Ceuta (55%). Las comunidades que más las han limitado son la C. Valenciana (31% menos) y País Vasco (29%). Castilla y León es undécima, con el 15%. En el extremo contrario Baleares solo ha reducido el 7%.

    Por lo que respecta al consumo de CO2 de la economía de cada comunidad autónoma para producir una unidad de PIB –es decir, el grado de carbonificación de la economía de cada región–, se produce un máximo absoluto muy destacado en Asturias, donde se alcanza un valor de 1,39 t eq de CO2, por cada 1.000 euros de PIB, debido al uso de carbón y la especialización de esta comunidad en la producción energética, mientras que en el polo opuesto se encuentra Madrid con solo 0,11, muy por debajo de las demás comunidades.

    La gran extensión de las comunidades interiores, las dos Castillas, Extremadura, Aragón; y Galicia por otro lado, tienen los valores más elevados después de la ratio excepcionalmente alta de Asturias. La de Castilla y León es la segunda, con 0,61 toneladas. «Es probable que además de la climatología, el consumo de combustibles fósiles para el transporte en largos trayectos, tenga un significado importante», explica el documento.

    Punto de inflexión

    El pico de las emisiones de CO2 se dio en España (también en Castilla y León) en 2007, cuando ascendieron a 354 millones de toneladas.

    «Parte del descenso registrado se identifica con el descenso en la generación de carbón, que sigue siendo el principal ‘emisor’ de CO2 a mucha distancia del resto», señala el análisis del Observatorio de la Sostenibilidad, que muestra una bajada de las emisiones de los sectores fijos en el periodo 2006-2016. Sin embargo, el observatorio advierte de que la sequía puede invertir la tendencia positiva, ya que la falta de agua «hace que se genere más energía a partir de las térmicas».

    Las comunidades que más tarde empezaron a disminuir sus emisiones fueron Murcia y Baleares (2008). Y las que primero tuvieron el pico de emisiones fueron Galicia, navarra y Canarias en 2005

    «Se puede aducir que las políticas energéticas e industriales pueden venir dadas por decisiones del Gobierno central, sobre todo en el caso de la política energética, porque las decisiones se han tomado desde una óptica centralizada –advierte el informe–; pero el importante grado de descentralización del país puede permitir que las autonomías a tengan cada vez mayor poder de decisión para contribuir a la lucha contra el cambio climático».

     

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