Los cazadores piden al nuevo gobierno regional una ley rápida que blinde la actividad

Un cazador con su perro. /El Norte
Un cazador con su perro. / El Norte

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León rechaza equiparar derechos entre animales y personas

LUIS JAVIER GONZÁLEZSegovia

La Federación de Caza de Castilla y León pide al nuevo gobierno regional, que estará previsiblemente encabezado por popular Alfonso Fernández Mañueco con el apoyo de Ciudadanos, una ley rápida que blinde al sector. «Que esté bien cimentada y los aprovechamientos estén bien justificados por criterios técnicos y no esté a juicio de un juez», explica su presidente, Santiago Iturmendi, que subraya la caza como una actividad legítima y pide protegerla tras la suspensión cautelar del pasado mes de febrero por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La castellanoleonesa es la única federación autonómica que ha subido su número de licencias en los últimos dos años; en total, un millar más de federados que elevan la cifra por encima de los 16.000. Es una de las federaciones con más licencias deportivas de la región. El sector se posiciona y pide la elaboración de una ley de bienestar animal «ajustada a la realidad» y partiendo de la premisa de tolerancia cero con el maltrato animal, que la federación defiende «a capa y espada», incide su presidente, Santiago Iturmendi, que añade: «Y chorradas y tonterías las justas a la hora del bienestar animal. Los animales no pueden ser nunca personas, por eso camino no se va a ninguna parte».

La federación celebró ayer su asamblea ordinaria anual en el hotel Puerta Segovia, con el informe sobre la situación actual, las cuentas o el presupuesto para el próximo año. A lo largo de la jornada se trató la «nueva etapa política que se abre en Castilla y León». En un ambiente cordial, los asistentes plantearon iniciativas para mejorar las condiciones de caza. La federación reivindica su derecho a ejercer su actividad. «Nosotros no somos como otros sectores que tratan de imponer sus criterios al resto de la sociedad. No tratamos de que todo el mundo sea cazador, pero no vamos a consentir que no se respete nuestra actividad porque es plenamente ajustada a los criterios de sostenibilidad que debe haber en el mundo natural».

Iturmendi repasó las «vivencias» del último ejercicio, con especial hincapié en la suspensión del TSJ. «Hemos hablado de la preocupación que nos causó y el éxito que supuso que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para buscar una solución». El presidente, que recalca su respeto a la justicia, habla de una medida que sobrepasa los límites del sentido común. «No se puede decir que no está justificado el aprovechamiento de especies en Castilla y León que en este momento están generando daños muy serios a cultivos y, lo que es más importante, a vidas humanas a través de los accidentes de tráfico».

El sector de la caza en Segovia, con algo más de 3.000 federados, coincidió en sus inquietudes con sus vecinos. «Solución a los problemas que tiene la caza. Permisos, autorizaciones por daños… Y que ahora estamos en un impasse normativo con miedo a que esta sala tan conflictiva del TSJ pueda crear problemas a la actividad cinegética». La sombra de la suspensión del Tribunal Superior de Justicia ha instalado una creciente intranquilidad en el sector. Iturmendi habla de un «pánico escénico» en sociedades que mueven mucho dinero.

El presidente rebajó la importancia de los accidentes mortales relacionados con la caza. «La seguridad debe ser prioritaria en una actividad como esta en la que se utilizan armas, pero que la gente no piense que la siniestralidad de la caza es importante porque es bajísima. Hay muchísimos deportes acuáticos o de montaña con una siniestralidad infinitamente superior. Lo que pasa es que los medios dan mucha importancia a cuando un cazador muere en un accidente y máxime si es una persona joven». El mensaje a los compañeros es poner por encima de todo las medidas de seguridad antes de salir con armas al campo.

Cazadoras

El sector es claro ante el debate de si debe extenderse el derecho a las armas a la población civil. «Las armas están en manos de las personas que tienen preparación para manejarlas, que pasamos unos exámenes tanto de caza como para el permiso de armas, y no es necesario que nuestra sociedad se defienda con armas como otras del mundo. No somos partidarios de que se extienda a personas sin preparación para tenerlas».

Ante los nuevos tiempos, la generación se muestra satisfecha con su generación de recambio. «Estoy sorprendido con los tres o cuatro años que llevamos con el examen de cazador en Castilla y León. Pensaba que se iban a presentar al año 200 personas y superamos el millar. Eso anima». También en la dimensión femenina, en auge aunque en números aún testimoniales. «Como no puede ser de otra forma, la mujer se ha incorporado a muchos sectores de la sociedad en estos últimos años y la caza no puede quedarse al margen. Cada vez veo más en los exámenes y a la hora de salir a cazar».