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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará medio millón de euros para asumir los incrementos en los complementos de este año a cerca de 6.000 personas dependientes de la Comunidad, como consecuencia de la revalorización de las pensiones. De esta manera, estos beneficiarios no verán disminuidas las cuantías que reciben por dependencia ni incrementadas las que aportan por copago a los servicios públicos.
Una orden publicada hoy por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge una serie de medidas para paliar el incremento de las pensiones (1,6 por ciento en las generales y un 3 por ciento en las mínimas), aplicada por el Gobierno central. No en vano, la Ley de Dependencia contempla el incremento de los complementos por la subida de las pensiones, lo que obligaría a una revisión de la percepción por dependencia, ya sea con una disminución de la cuantía que entrega la administración regional o bien con un aumento del copago de los servicios que reciba el beneficiario.
El gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, apuntó que la orden de la Junta garantiza que la subida de las pensiones no suponga ningún perjuicio para unos 6.000 dependientes de Castilla y León. «Aquellas personas que, al inicio del año, se hicieron sus cálculos sobre el gasto que iba a suponer su atención a lo largo de 2018 no tendrán que modificar sus planes porque la Consejería de Familia evitará que los incrementos en los complementos disminuya las cuantías que reciben por dependencia o aumenten los copagos», precisó. Por lo tanto, estos beneficiarios no tendrán que reintegrar el importe que les correspondería tras el aumento de las pensiones ni pagarán más por los servicios públicos.
Destacó que estas medidas solo se aplican en la Comunidad, por lo que contribuirán a que el sistema de dependencia en la región continúe en una situación «privilegiada». En ese sentido, De Pablos recordó que la orden que adopta medidas temporales para el mantenimiento de las prestaciones de dependencia es la tercera modificación adoptada por la Junta este año en relación a la dependencia.
Citó la reducción progresiva del plazo para que las personas puedan acceder a las prestaciones, que la normativa estatal establece en seis meses, con carácter general, desde la presentación de la solicitud, y que a partir de ahora, en Castilla y León se irán reduciendo un mes por año, hasta llegar a los tres meses en 2020. También se recuperó el 70 por ciento de la cuantía de las prestaciones que reciben las personas dependientes por cuidados en el entorno familiar y que en el año 2012 se redujeron un 15 por ciento.
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