La Junta reserva 313 aulas en cuatro ciudades para repetir un examen anulado a más de 18.000 opositores

Un examen de oposiciones, celebrado en Valladolid./R. O.
Un examen de oposiciones, celebrado en Valladolid. / R. O.

El primer test para cubrir 384 plazas de personal de servicios, con polémica por la dificultad de las preguntas, se celebró el 3 de junio

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

La Junta de Castilla y León ha reservado 313 aulas en Valladolid, Salamanca, Burgos y León para repetir el próximo 2 de diciembre el examen de la oposición para cubrir 384 plazas de la categoría de personal de servicios, proceso para el que se inscribieron 18.889 aspirantes.

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El nuevo tribunal nombrado para reanudar el proceso selectivo (el que lo puso en marcha renunció en septiembre tras la anulación del examen que tuvo lugar el 3 de junio) ha puesto en marcha de nuevo una compleja intendencia de organización. La mayor parte de las aulas y salones de actos que acogerán el examen se reparten por 23 facultades y aularios de las cuatro universidades públicas de la comunidad. En total, 261 espacios. A estos se suman otras 52 de dos institutos de Secundaria de Salamanca, el Fray Luis de León y el Lucía Medrano, y de la Escuela Oficial de Idiomas de la capital charra. En total, 313 espacios que deberán contar con personal para controlar el desarrollo del nuevo test.

El primer examen tuvo lugar el día 3 de junio y fue anulado tras estimar la Consejería de la Presidencia una parte de la argumentación de los 181 recursos que presentaron opositores disconformes con el contenido de las preguntas. La prueba planteada para acceder a plazas de limpiador, camarero, cocina y portería, entre otras, contó con 80 preguntas tipo test y otras 8 de reserva por si se anulaba alguna del cuerpo principal. El elevado nivel jurídico de las del área de normativa y técnico de las cuestiones más orientadas a evaluar los conocimientos prácticos de los aspirantes puso el examen en el disparadero desde el primer momento.

La consejería encargada de la organización y el desarrollo de esta oposición es la de Educación, pero fue el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez ,quien explicó en septiembre que el examen iba a anularse por entender que aunque las preguntas, al margen de la complejidad, se ajustaban a temario, había al menos 13 de las 40 que tenían que tener una orientación práctica que podían considerarse «claramente teóricas».

En paralelo a la reanudación del proceso se desarrolla un procedimiento judicial impulsado por 68 opositores que consideran, tras comprobar la plantilla con las respuestas correctas que publicó la Junta, que habrían aprobado el examen y les correspondería una plaza. Un juzgado contencioso-administrativo de Valladolid evalúa si la decisión de anular el test de junio y ordenar repetir el examen lesiona el derecho fundamental de esos 68 aspirantes de acceder a un empleo público en igualdad de condiciones. Se trata de un procedimiento especial, con plazos más cortos, que se encuentra en su recta final.