El Procurador demanda a la Junta que preste apoyo psicológico a todos los niños en acogimiento

Tomás Quintana López, procurador del Común, en una visita Palencia </p><p>/Marta Moras / El Norte
Tomás Quintana López, procurador del Común, en una visita Palencia </p><p> / Marta Moras / El Norte

Pide a Familia que valore aumentar la plantilla, puesto que la atención se ciñe a menores que han sufrido maltrato y a casos excepcionales de adopción internacional

S. ESCRIBANOValladolid

El Procurador delComún, Tomás Quintana, ha solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que generalice el servicio de atención psicológica a todos los menores que estén en el programa de acogidas familiares por encontrarse en situación de riesgo o desamparo.

El Defensor autonómico concluye con esta recomendación una investigación iniciada a raíz de una queja presentada en Segovia por una asociación vinculada a la atención de estos menores que están bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. Alertaba sobre la existencia de lista de espera, aludía a posibles carencias de personal y materiales y señalaba que el tratamiento de estos niños y adolescentes no debía depender de la petición de las familias acogedoras.

Tomás Quintana solicitó información a la Consejería de Familia e Igualdad y desde este departamento explicaron que el programa de tratamiento psicológico únicamente está previsto para menores bajo protección de la Junta que hayan sufrido algún tipo de maltrato y que, de forma excepcional, atendía también casos de niños de adopción internacional cuando se producían problemas graves de adaptación que pudieran poner en riesgo esa adopción. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018 fueron 316 menores los que recibieron apoyo psicológico en ese programa. Cuando se hizo ese recuento, a finales de noviembre de año pasado, había 55 chavales en lista de espera. Desde la Consejería de Familia apuntaban que «el hecho de trabajar con niños que necesitan una intervención muy prolongada e intensiva» era una dificultad, al tiempo que resaltaban la incorporación de cinco profesionales en los últimos años.

Tras analizar la situación, Tomás Quintana acaba de remitir una resolución a la consejería que dirige desde julio Isabel Blanco en la que argumenta que los acogimientos familiares son situaciones que «propician o pueden propiciar diverso grado de inestabilidad psíquica y emocional en el desarrollo de los menores sometidos a las medidas de protección y por ello parece oportuno que las valoraciones de carácter psicológico estén más generalizadas».

El Procurador da un toque de atención a la Administración al subrayar que son sus responsables los que deben promover ese tratamiento y no las familias de acogida las que lo soliciten. Quintana demanda así el «protagonismo de la Administración como impulsora de las intervenciones que sean precisas».

El Defensor autonómico pide a los responsables de la consejería que valoren la necesidad de incrementar personal para que «todos» los menores cuenten con una valoración psicológica que permita verificar si es necesario un tratamiento posterior.