Seis procuradores y dos jueces cruzaron el umbral del TSJ como aforados desde 2005

Todos los políticos que cruzaron el umbral del TSJ por su condición de aforados, en lugar de rendir cuentas ante los juzgados de instrucción y primera instancia, que es donde recalan el resto de ciudadanos, se sentaban en la bancada del PP. Afrontaron procedimientos que tuvieron como origen cuestiones ligadas a su vida privada o a su gestión como cargos públicos. Son causas por delitos de daños o contra la seguridad vial y otros más orientados al ejercicio del poder en el ámbito público como la prevaricación o el cohecho.

Alguno de estos asuntos fueron archivados y otros llegaron a juicio y se saldaron con condenas, aunque ninguna del calado de la que recayó en 2002 sobre el exalcalde de Ponferrada y parlamentario autonómico del PP, Ismael Alvarez, por el acoso sexual que cometió sobre la concejala de su grupo Nevenka Fernández. Ha sido, quizás, el caso de mayor relevancia de los últimos años en el terreno de aforamientos en Castilla y León.

En el ámbito de los políticos condenados figuran el exconcejal de Valladolid Federico Sumillera, que tuvo que abonar una multa de 720 euros por los años ocasionados en un automóvil tras golpear reiteradamente el vehículo con un palo de golf en 2005. El exprocurador del PP pagó también la factura del taller. La reparación del vehículo ascendió a 10.106 euros.

También culminó en condena el proceso que el TSJ abrió contra el exalcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, por la adjudicación directa de la obra de una rotonda. El exprocurador del PP pactó una condena de un año de cárcel y ocho de inhabilitación al admitir haber cometido prevaricación administrativa y fraude a la administración pública. El fallo de los magistrados obligaba al político medinense a pagar una indemnización de 20.000 euros, de forma solidaria, con uno de sus concejales y el responsable de la empresa que se benefició de la obra adjudicada ilegalmente.

A estos dos parlamentarios condenados se sumó la exvicepresidenta de la Junta Rosa Valdeón por el incidente de tráfico al adelantar un camión que protagonizó en las inmediaciones de Arévalo, en la A-6. La entonces portavoz de la Junta y consejera de Empleo dio positivo en el control de alcoholemia. Dimitió de todos su cargos en el Gobierno de la Junta, pero se mantuvo como procuradora y, aunque solicitó renunciar a su condición de aforada los servicios jurídicos de las Cortes concluyeron que es una condición irrenunciable que está ligada al escaño, por lo que su caso fue a parar al TSJ. En diciembre de 2016 le fue impuesta una multa de 1.800 euros (cinco meses a razón de 12 euros por día) y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses y dos días.

A estos tres casos en los que el resultado fue de fallo condenatorio se suman otros tres en los que el procedimiento se archivó. El más reciente es el que afectó a Alfonso Centeno, alcalde de Olmedo, en la investigación del posible pago de un viaje a Japón por parte de una empresa adjudicataria de una obra. El dirigente del PP aportó documentación sobre cómo abonó ese viaje y el TSJ archivó la causa.

El Alto Tribunal tomó declaración a José Manuel Fernández Santiago, expresidente de las Cortes y exvicepresidente de la Junta, por la adjudicación de la variante de Olleros (León) en su etapa como consejero de Fomento, dentro de la investigación de la trama Gürtel. El TSJ exculpó a Fernández Santiago al considerar que el posible cohecho había prescrito y no había incurrido en prevaricación.