El servicio de oncología de Zamora motiva un 60% de las quejas de 2018 al Procurador Común

Edifico de las Cortes de Castilla y León./Henar Sastre
Edifico de las Cortes de Castilla y León. / Henar Sastre

El mayor número de reclamaciones se produjo en sanidad y consumo (64%), función pública (12%) y régimen jurídico de las corporaciones locales (6%)

EL NORTE

El procurador del Común de Castilla León, Tomás Quintana, presentó hoy en las Cortes el informe de la institución correspondiente a 2018, en las que figura un 67 % de quejas más, un total de 6.500 frente a las 3.888 del ejercicio de 2017. Este sensible incremento se produjo por la masiva llegada la pasada Navidad de casi 3.900 quejas, un 60 % de todas las contabilizadas, provenientes de anomalías en el funcionamiento del servicio oncológico de Zamora.

Quintana precisó que la recepción de tan alto número de quejas supuso «un gran esfuerzo» para la institución propia de las Cortes «a la hora darles forma» y al faltar datos que luego hubo que requerir, además de hacer un tratamiento de protección de estos. «Todo lleva un tiempo antes de llevarlas a la Administración autonómica que es la competente y que nos ha contestado hace pocas semanas. Ahora es cuando empezaremos a estudiar el asunto para poder resolverlo», señaló.

Sobre la naturaleza del problema que causó un número tan elevado de quejas en Zamora en torno a su servicio oncológico, el procurador del Común dijo que se debió a asuntos relativos a falta de personas para atender a los pacientes de forma correcta. «Hubo ausencias en los puestos de trabajo y, aunque todavía debemos determinar la causa, puede deberse a las bajas por enfermedad o vacaciones que hacen que el usuario de ese servicio vea que no funciona como debiera», arguyó.

Entre los asuntos más relevantes analizados por el defensor de los ciudadanos de la Comunidad en las quejas recibidas -además de las masivas sobre el servicio oncológico de Zamora- figuran la necesidad de aumento de plantillas en sanidad y listas de espera; el proceso selectivo de personal público con pruebas luego repetidas; reconocimiento de condiciones laborales para todo el personal que presta sus servicios para el Servicio Regional de Salud; y deficiencias en las prestación de servicios públicos.

Además, hubo quejas relativas a la conservación de obras públicas, infraestructuras y carreteras; ayudas al alquiler de vivienda; la responsabilidad sobre la higiene escolar infantil; la seguridad y sistemas de retención en el transporte escolar; las molestias causadas por actividades de restauración, ocio, comerciales e industriales; las listas de espera, precios de plazas, concesiones e inspecciones para cumplir las normas en residencias de mayores; y el respeto a los derechos de personas con discapacidad.

Sanidad y consumo

Por áreas, la mayor parte de las quejas tiene relación con la sanidad y consumo (4.192, con un 64 % del total), seguidas de las de función pública (812, con un 12 %) y régimen jurídico de las corporaciones locales (405, con un seis por ciento). Por detrás, a una considerable distancia, figuran las quejas sobre fomento (189, con un tres por ciento); educación (172, con un tres por ciento); familia, igualdad de oportunidades y juventud (163, con un tres por ciento); industria, comercio empleo y seguridad social (103, con un dos por ciento); hacienda (103, con un dos por ciento); interior, extranjería y emigración (92, con un uno por ciento); justicia (36, con un uno por ciento); agricultura y ganadería (34, con un uno por ciento); y cultura, turismo y deportes (23, con un cero por ciento).

En cuanto a su procedencia, el mayor número de quejas proviene de la provincia de Zamora con 3.859, casi el 60 % del total, seguida de León con 620 (diez por ciento); Valladolid con 426 (siete por ciento); Palencia con 367 (seis por ciento); Salamanca con 277 (cuatro por ciento); Burgos con 266 (cuatro por ciento); Ávila con 116 (dos por ciento); Segovia con 102 (dos por ciento); y Soria con 87 (uno por ciento). También hubo 173 quejas de otras provincias de fuera de la Comunidad (tres por ciento); 173 de procedencia desconocida (dos por ciento); y tres del extranjero.

Más quejas individuales

Sobre la distribución de las quejas por autor, a título individual hubo 6.158 (95%); colectivo con 244 (cuatro por ciento); varios firmantes con 94 (uno por ciento); y anónimas con cuatro. Por distribución y administración afectada 5.340 fueron para la autonómica (82 por ciento); 967 para la administración local (15 por ciento); 160 para la administración central (dos por ciento), 20 de asuntos de naturaleza privada; y diez de justicia.

En cuanto a las resoluciones dictadas por el Procurador del Común, en 2018 se registraron 980, de la cuales 347 fueron motivadas de archivo por inexistencia de irregularidad; y 633 en la que se formulaba a la administración u organismo público competente recomendación, recordatorio de deberes legales o sugerencias.

Sobre la respuesta de las administraciones en este sentido, a fecha de 31 de diciembre del pasado año fue de 423, unas 210 están pendientes de ser contestadas aunque lo pueden haber sido en el inicio de 2019, y en 19 casos se archivó el expediente por falta de respuesta finalizado el plazo. Igualmente, hubo aceptación de las resoluciones del Procurador del Común en 264 casos, en 41 se aceptaron parcialmente y 118 no fueron aceptadas

Por otro lado, entre las 79 actuaciones de oficio que se sumaron a las 6.500 quejas destacan las referentes a los bienes y servicios municipales. Así, se abrieron 68 actuaciones de oficio para conocer por qué las entidades locales menores de Zamora, León y Soria se estaban dando de baja en el control sanitario de agua de consumo humano y la situación se recondujo favorablemente.

Igualmente, se actuó de oficio sobre la utilización de las nuevas tecnologías por parte de menores en las bibliotecas sin supervisión; sobre los problemas de los niños con dislexia; menores con altas cualificaciones o los escolares con disfemia (tartamudez). Asimismo, continúan abiertas las actuaciones sobre la escolarización de menores de 0 a 3 años; el uso de patinetes eléctricos en la Comunidad; las inspecciones en las residencias de la tercera edad o el problema de las macro granjas.

Agradecimiento de las Cortes

El presidente del Parlamento autonómico, Ángel Ibáñez, valoró la labor del Procurador del Común y resaltó «la autonomía y objetividad con la que realiza su cometido, lo que supone toda una garantía para los castellanos y leoneses. Además, atiende sus demandas de forma cercana y eficaz».

En este sentido, resaltó la gran confianza de los ciudadanos en la institución propia de la Comunidad, aunque haya coincidido con el cambio de procurador en octubre de 2018 -al sustituir Tomás Quintana a Javier Amoedo- como lo demuestra el hecho de que haya tramitado en 2018 un total de 6.579 expedientes, de los cuales 6.500 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 79 a las actuaciones de oficio, lo que supone que fuese el año con mayor número de quejas desde su creación.

Sobre la presentación del Informe del Procurador del Común 2018 a los procuradores en el Parlamento autonómico para que lo evalúen, Ibáñez recordó que habitualmente se produce en un pleno en mayo, pero en esta ocasión ha tenido que retrasarse por la celebración de dos procesos electorales y la disolución de la Cámara. «El nuevo Parlamento que se constituirá el próximo 21 de de junio es a quien corresponde fijar el pleno de presentación del informe», explicó.