Javier Reverte podrá cobrar derechos de autor y su pensión de jubilación

Javier Reverte. /JORDI ALEMANY
Javier Reverte. / JORDI ALEMANY

El juez da la razón al escritor, al que la Seguridad Social multó con 120.000 euros, le retiró la prestación y la exigió devolver lo que había percibido

Miguel Lorenci
MIGUEL LORENCIMadrid

Compatibilizar una pensión de jubilación con los derechos de autor ni es delito ni atenta contra los intereses de la Seguridad Social. Así lo sostiene la sentencia un tribunal de lo social que de la razón al escritor y periodista Javier Reverte (Madrid, 1944), en su litigio con la Seguridad Social. Esta le impuso en 2015 una multa de 120.000 euros, le retiró la pensión y le exigió la devolución de 30.000 euros percibidos como prestación. Ahora el juez le da la razón, dice que no ha cometo delito ni infracción alguna, que no es un delincuente y que hay que devolverle 150.000 euros, eso sí, sin intereses.

«No es incompatible», se lee en el fallo de la sentencia que abre una vía para el nutrido grupo de creadores, artistas e intelectuales en la misma situación. «Es una noticia fabulosa no solo para mí. Es un alegría para el puñado de creadores que, como yo, estaban sufriendo un persecución injusta y que como en mi caso, han sido presentados como delincuentes», cuenta a COLPISA el autor de 'Trilogía de África.

Reverte recuerda que su amigo Antonio Fraguas, el genial humorista Forges, que batalló como él por su derechos. «Se murió sin solventarlo y su familia está pagando. Espero que sirva de precedente. A mi me han dado la razón tras casi cuatro años, pero la batalla ha sido larga y ardua», admite. «Me amenazaron con embargarme si no pagaba y tuve que vender un piso que debía ser para mis hijos», explica el autor de 'Banderas en la niebla' o 'El tiempo de los héroes'.

La sentencia señala que es compatible tener ingresos por derechos de autor y compatibilizarlos con una pensión de jubilación cuyo derecho generó Reverte tras cotizar durante más de cuarenta años como periodista. Denuncia Reverte que ha sido señalado y perseguido como «un estafador y un delincuente».

La Administración tiene la potestad de presentar un recurso en los próximos cinco días, pero Reverte confía en que no lo hará. «Sería absurdo, un sinsentido», dice teniendo en cuenta que se está a la espera de que el Ejecutivo apruebe el desarrollo del artículo 193 del Estatuto del artista que haría posible compatibilizar derechos de autor y pensión.

La Seguridad Social alegó en el juicio que Reverte realizaba un trabajo por cuenta propia y que eso era incompatible con el cobro de su pensión de jubilación. El juez le quita la razón y arguye que para considerarlo trabajo por cuenta propia debería demostrarse la realización de alguna obra artística, intelectual, científica, algo que «no se ha acreditado en el presente procedimiento». Y es que Javier Reverte tiene desde 2011 suscritos contratos de cesión de derechos de algunos de sus libros.

El juez determina que los ingresos de Reverte son 'royalties' o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad no tiene y que por tanto no percibe ingresos por pensar o escribir una obra literaria. Aclara el juez que ceder temporalmente un derecho patrimonial «no constituye una actividad económica».

«Al no darse el requisito principal que el actor es trabajador, entiende este juzgado que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez», señala el magistrado Arturo Rodríguez Lobato, titular del Juzgado de lo Social número 14 de Madrid. Procede así a estimar la demanda de Reverte en su integridad y determina que se le devuelva al escritor el dinero retenido y el importe de sanción.

Cree Reverte que Gobierno sacará adelante una ley que permita la plena compatibilidad que se quedó en el aire con el anticipo de las Elecciones Generales. La norma hace posible la compatibilidad de las pensiones de jubilación y los derechos de autor. Era una demanda de la plataforma Seguir Creando que preside Manuel Rico y que agrupa a más de 40 organizaciones y colectivos, y que apuesta por una pronta y satisfactoria resolución del asunto. Según la ley que puso en marcha el PP en 2013 los ingresos del titular de una pensión no podía superar el salario mínimo interprofesional, es decir, 9.000 euros anules.