El rescate de cajas y autopistas desvía el déficit estatal hasta el 2,7% del PIB

Peaje en una autopista./Archivo
Peaje en una autopista. / Archivo

La autoridad fiscal estima en su informe que tres de cada cuatro comunidades incumplirán la regla de gasto este año

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

El rescate de cajas de ahorros y autopistas de peaje tuvo un coste no presupuestado que desviará el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2018 hasta el 2,7% del PIB, cinco décimas más de lo que preveía el Gobierno de Rajoy y en línea con la formulado por el nuevo Ejecutivo de Sánchez. La ministra de Economía, Nadia Calviño, comunicó hace un par de semanas en Bruselas su intención de crear una nueva meta de déficit más «realista» para el conjunto de las administraciones.

Cajas y autopistas son, por tanto, causa del lastre del déficit de la Administración central este año, que duplicará la meta inicial del 0,7% previsto al 1,5%. La Seguridad Social es el otro subsector que perjudica a las cuentas: terminará el año con un desfase también del 1,5% cuando estaba previsto que fuera del 1,1%, según explicaron ayer fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante la presentación de su informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

Concretamente, en las cuentas públicas ha habido un aumento de pagos del Fondo de Garantía de Depósitos de 1.700 millones para cubrir el esquema de protección de activos de la CAM y Unnim. Por el lado de las autopistas de peaje, la Administración ha tenido que hacer frente al coste de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) que implicó un gasto de unos 1.800 millones de euros. Además, influye la subida de sueldo de los funcionarios o la evolución peor de la prevista de algunos impuestos, como el de Sociedades o el IVA, aunque el organismo aseguró que se espera que sí se alcance la previsión de ingresos con la aportación de los fondos europeos.

Este año el déficit procederá en su mayoría del Estado (1,5%) y la Seguridad Social (1,5%), frente al 0,3% de las comunidades autónomas y el superávit de 0,6% de las administraciones locales. Por ello, el organismo consideró «improbable» que el conjunto de administraciones públicas llegara al objetivo de déficit pactado entre el Gobierno de Rajoy y la Comisión Europea del 2,2% del PIB. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez también elevó para 2019 la meta del 1,3% al 1,8% del PIB, y pronostica un déficit público del 1,1% para 2020 y del 0,4% en 2021.

En el caso de la Seguridad Social, el desvío con respecto al déficit previsto está relacionado con la revalorización de las pensiones, un gasto que no se logrará compensar con la mejora de las cotizaciones y el crédito concedido por el Estado.

Las comunidades incumplen

Por otro lado, fuentes de la AIReF explicaron que tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos la contribución del ciclo económico actual a las cuentas públicas está siendo «positiva», aunque no cree que se vaya a cumplir el objetivo y revisó a la baja sus estimaciones por las medidas aprobadas en la tramitación de los Presupuestos.

Andalucía, Madrid, Cantabria y Baleares son las cuatro autonomías donde el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto es especialmente alarmante, pero a alto o bajo nivel en total son trece comunidades, según el informe que presentó ayer la AIRef. De las 17, las únicas en las que se aprecia la posibilidad de cumplirla es en Castilla y León, Aragón, Canarias y La Rioja.

El organismo presidido por Jose Luis Escrivá mantiene así sus previsiones de cumplimiento del déficit en el 0,4% del PIB fijado para 2018 en la mayoría de autonomías. Incluso podrían cerrar el año con un 0,3%, señalaron fuentes del organismo.

Por otro lado, las corporaciones locales, cuya meta es el equilibrio, lograrán un superávit del 0,6% del PIB. En ese sentido, el organismo insistió en que el superávit previsto se consigne a la hora de distribuir las metas para evitar que algunos subsectores aprovechen ese margen para incumplir las suyas.

A corto plazo, la autoridad fiscal recomienda la necesidad de corregir los problemas que se aprecian en la «definición, seguimiento y aplicación» de las reglas fiscales que afectan sobre todo a las corporaciones locales. Plantea concretar los objetivos acordados en los Planes Económicos Financieros (PEF) y los criterios sobre el destino del superávit autonómico.

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