El Banco de España pide «disciplina» a las entidades al repartir dividendos

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. /EFE
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. / EFE

El supervisor cree que aún hay margen para cerrar sucursales y recortar plantillas y admite que el coste de las hipotecas sube para cubrirse por los litigios judiciales

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha puesto toda una serie de deberes al sector bancario para mejorar su solvencia, su rentabilidad y su nivel de eficiencia en un contexto de bajos tipos de interés y competidores nuevos como las 'fintech'. Entre todas las tareas pendientes, la 'número dos' del supervisor ha instado a poner «disciplina» en el reparto de dividendos, e incluso que las corporaciones puedan «defraudar las expectativas» generadas entre sus accionistas cuando anuncian estos pagos periódicos.

Delgado se ha mostrado sorprendida por la «variabilidad» de los dividendos de los bancos en los últimos años, que son consecuencia, según la subgobernadora, de una «política de comunicación con la que las entidades trasladan la retribuicón en forma de dinero y no de 'pay out'». Esto es, que el banco determine qué parte de su beneficio destina a remunerar a sus accionistas, en porcentaje (que fue del 41% en 2018), y no mediante anuncios de abonos de cuantías concretas de euros por título. Porque esos anuncios «generar una expectativa excesivamente rígida» que después se ven obligados a cumplir. Por eso, el Banco de España aboga por una «variabilidad del dividendo», que se haga en función de los resultados obtenidos. «Las expectativas no pueden ser tratadas como cláusulas contractuales» de obligado cumplimiento, ha indicado Delgado en el Encuentro Financiero de Deloitte y ABC.

Entre los deberes propuestos en ese evento para mejorar la rentabilidad y eficiencia, Delgado ha insistido en que las entidades deben mitigar sus costes porque «aún hay cierto potencial de reducción» en cuanto al cierre de oficinas y la reestructuración de sus plantillas.

Las recomendaciones del supervisor llegan en una jornada en la que CaixaBank ha llegado a un pre-acuerdo con los sindicatos para acometer el ERE que afectará a 2.140 trabajadores, y también ante el inminente inicio de las negociaciones entre Santander y los representantes de sus trabajadores para poner en marcha otro proceso de recorte de plantilla que implicará hasta 3.000 salidas. En cualquier caso, Delgado ha valorado el la reducción «significativa» acometida por el sector desde 2008: en esta década se ha despedido a un 30% de sus empleados.

En el caso de las oficinas, cuyo número se ha reducido un 40% desde máximos de la crisis, ha mostrado su «preocupación» porque ese proceso de clausuras afecta a las zonas rurales donde se produce la exclusión financiera. Pero solo ha propuesto como alternativa para esos clientes «un uso más extendido de la banca móvil, internet y las aplicaciones», algo que, según la subgobernadora, «evitará que el riesgo de exclusión se materialice o mitigue sus efectos».

También ha tratado el problema de la litigiosidad a la que se enfrenta el sector financiero. Para Margarita Delgado, la judicialización de las operaciones bancarias, sobre todo en lo que tiene que ver con las hipotecas, supone un perjuicio para el banco, por la carga de trabajo que asume, pero también para los clientes, porque «la necesidad de cubrir los costes futuros judiciales encarecen el crédito». El supervisor reconoce así que las hipotecas son, en general, más caras como consecuencia de que el banco incluye en el precio la posibilidad de tener que someterse a un proceso judicial futuro por presunta mala praxis en su comercialización.

El conflicto de las cláusulas suelo es el máximo exponente de esta realidad, por el que la banca ha tenido que asumir un coste de 2.200 millones de euros hasta finales de 2018 en concepto de devoluciones a las familias perjudicadas por su aplicación. El propio Informe de Estabilidad Financiera presentado ayer denomina como uno de los «riesgos» que acechan al sector y que podría tener un nuevo capítulo en el segundo semestre del año, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las demandas en torno al índice IRPH, que podría afectar a un millón de hipotecados.

Otras tareas pendientes que tiene el sector se centran en la reducción de sus activos problemáticos (quedan unos 90.000 millones en sus balances hasta finales de 2018), mejorar la gobernanza para que los consejos de administración no sean meros transmisores de las órdenes ejecutadas desde otros órganos de los bancos y visualizar posibles fusiones que, por ahora, se mantienen paralizadas.