Bares, tiendas o talleres deberán permitir el pago con tarjeta a partir de 30 euros

Un cliente pagando con tarjeta en un establecimiento./R. C.
Un cliente pagando con tarjeta en un establecimiento. / R. C.

La nueva Ley de Servicios de Pago reduce de 150 a 50 euros la responsabilidad que asume un ciudadano si usan su tarjeta robada

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

En pocos meses no habrá excusa para que los comerciantes prohíban a sus clientes pagar con tarjeta en sus establecimientos. Los carteles en los que se indica esta negativa, o la propia negación del titular del negocio a viva voz, deberán adaptarse a la nueva realidad: todos deberán permitir el pago de cualquier compra o servicio con tarjetas de crédito o débito, siempre que se trate de importes al menos superiores a los 30 euros por operación.

Esa es una de las novedades que incluye el anteproyecto de ley de Servicios de Pago, aprobado hoy por el consejo de ministros, que obligará a muchas actividades económicas a adaptarse a esta nueva obligación. Entre los negocios donde aún no está implantada por completo el uso de los TPV -terminales de pago- se encuentran parte de los bares, restaurantes, chiringuitos, así como talleres de automoción, peluquerías, determinados supermercados de productos de conveniencia, y otro tipo de comercios donde, de forma puntual, no admiten esta posibilidad.

La obligación, impulsada por el Ministerio de Economía, va más allá de lo que indica la directiva de pagos de la Unión Europea, la norma por la que el Ejecutivo ha traspuesto la legislación comunitaria a través de un anteproyecto que ahora deberá superar el correspondiente trámite parlamentario, previsiblemente durante unos meses. La norma no obliga a utilizar los habituales TPV a los empresarios en sus establecimientos, sino al menos algún instrumento de pago alternativo al dinero en efectivo.

Además, el Gobierno ha aprovechado esta trasposición para mejorar la protección de los ciudadanos en el caso de que les roben sus tarjetas y puedan utilizarlas de forma fraudulentas para realizar compras o retirar dinero en efectivo de los cajeros. Hasta ahora, la pérdida máxima que un cliente bancario debía asumir era de 150 euros. Cuando esta ley entre en vigor, la cuantía se reduce hasta los 50 euros. Al mismo tiempo, se acorta el plazo de respuesta del banco para la resolución de la correspondiente reclamación que será de 15 días, frente a los dos meses actuales.

La Ley de Servicios de Pago dará cabida a nuevos operadores en este tipo de servicios. Por una parte se regula la actividad de los intermediarios entre consumidores y comerciantes para garantizar el pago del cliente al establecimiento directivamente, como alternativa a la tarjeta. También se adapta la actividad de los agregadores, esto es, empresas que agrupan toda la información de las diversas cuentas que pueda tener un ciudadano para clasificarlas por categorías.

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