Editorial: El buen nombre del BBVA

El banco ha de actuar con contundencia ante los turbios manejos de Francisco González con Villarejo, que dañan su reputación

Francisco González y Carlos Torres, en la Junta General de Accionistas. /Vicent West
Francisco González y Carlos Torres, en la Junta General de Accionistas. / Vicent West
El Norte
EL NORTEValladolid

Es injustificable que un banco con una dilatada historia de prestigio, asentada en el rigor y la seriedad de su gestión, recurra a una mafia policial para defenderse de la entrada de nuevos accionistas. Más aún que el presunto delincuente al que contrató, cuya catadura moral era ya de sobra conocida, basara sus servicios –retribuidos con millones de euros– en la extorsión, el espionaje mediante el seguimiento y el pinchazo telefónico a 4.000 personas, y la grabación de al menos 15.000 conversaciones privadas. También en la difusión de informaciones falsas gravemente atentatorias contra el honor y la intimidad de los rivales de la cúpula de la entidad en esa operación, al final fallida.

Unos hechos tan repugnantes, supuestamente registrados en 2004 y 2005, son atribuidos al BBVA que presidía Francisco González en un intento de torpedear la entrada en su consejo de administración de la constructora Sacyr, que controlaba el 3,1% de su capital y pretendía relevarle al frente del grupo. La reputación es un factor determinante en cualquier empresa; en especial, en un banco, cuyo negocio depende de la confianza que depositan en él sus clientes y accionistas.

Los escandalosos datos ahora conocidos sobre estos oscuros manejos con el excomisario Villarejo impactan de lleno en la del BBVA, que ha emprendido una investigación interna. Sus conclusiones todavía se desconocen. El BCE le ha apremiado a clarificar el caso, mientras la Audiencia Nacional ha abierto una causa para determinar la posible existencia de delitos. Al margen de que estos existan o no y de su hipotética prescripción, está en juego el buen nombre del BBVA por unas prácticas «deplorables» según su actual presidente Carlos Torres, que vulneran los códigos éticos y de gobernanza que han de regir en cualquier corporación.

Su eventual confirmación revelaría que, para atrincherarse en el cargo, Francisco González actuó en un sentido diametralmente opuesto al de la moralidad que él pregonaba y de la que presumía tras haber defenestrado por un episodio mucho menor a exdirectivos procedentes del BBV. González acaba de abandonar sus funciones, pero se mantiene como presidente de honor del banco y conserva un fondo de pensiones de 80 millones amasado en buena medida en las fechas de la polémica. El BBVA debe actuar con la contundencia debida y determinar si esa situación es compatible con la defensa de la reputación del grupo y con los intereses de sus accionistas y clientes.

 

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