«Aquí, los empresarios recurren al concurso de acreedores cuando ya están muertos»

Emilio Fuentetaja Sanz, en la Hemeroteca de El Norte. /RAMÓN GÓMEZ
Emilio Fuentetaja Sanz, en la Hemeroteca de El Norte. / RAMÓN GÓMEZ

Emilio Fuentetaja, administrador concursal y representante de ASPAC en Castilla y León, advierte de que la tardanza en declarar las suspensiones de pagos aboca a la desaparición

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

En otros países, concurso de acreedores no es sinónimo de quiebra (sino, más bien, de quita y reestructuración), pero en España es casi lo mismo. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) busca comunicar «el valor que la profesión aporta a la sociedad y a la economía» y agrupa a un colectivo de más de 125 administradores de España que gestionan algunos de los principales concursos declarados en el país. Según explica su portavoz en Castilla y León, el segoviano Emilio Fuentetaja, de primarse la especialización y la selección de administradores concursales con experiencia, los procesos antes conocidos como 'suspensión de pagos' saldrían beneficiados.

En España se produjo un 'boom' de declaraciones a partir de 2008 que llegó a su máxima expresión en 2013, con casi diez mil concursos de acreedores . Desde entonces han ido disminuyendo y se han mantenido, básicamente, en el entorno de los cinco mil al año. En 2017 fueron 5.131 y el año anterior, 5.253. Castilla y León es la séptima comunidad en número de concursos, con 240 el año pasado. La mayor parte de ellos, si no todos, en liquidación. «Se trata de empresas del sector comercio –detalla el portavoz de ASPAC–. Grandes empresas no tenemos, salvo raras excepciones, así que la inmensa mayoría son pequeñas empresas del comercio, alguna de hostelería y unas pocas de agricultura. Los concursos se han estabilizado pero con una paradoja:mientras aquí estamos en 5.000, en Francia o Alemania tienen 50.000 o 60.000 todos los años. Con la diferencia de que en los demás países europeos, la figura concursal está mucho mejor rentabilizada que en España. Ellos no esperan a estar muertos para entrar en concurso, como hacemos aquí».

«El problema de los concursos en España, se dice, es que ninguno sale con convenio. Pero, ¿cómo vas a salir si cuando entras estás ya muerto? O no tienen actividad, o han echado a los trabajadores, o se les han fundido los plomos porque el banco les ha restringido el 'cash' para poder funcionar, o Hacienda les ha embargado las cuentas... llegan muertos».

Así que la recomendación de Fuentetaja es clara: no se debe esperar a «estar muerto» para entrar en concurso. En estos casos ya solo queda espacio para la liquidación y nunca para el convenio. «En España hay buenos profesionales que saben de reestructuraciones a quienes se debería recurrir y con quienes se debería contar para buscar soluciones, convenios con los bancos, con la Administración, los trabajadores... pero antes. Como pasa en Europa».

Mal formados

Para este abogado, en España «hay un problema de formación del empresario, que aquí muere con todo». «Aquí, cuando la empresa va mal, el empresario hipoteca su casa; hipoteca la finca de su mujer; la de sus suegros; pide un aval a su tío... pero, ¿qué va a avalar si ya está muerto? Antes de llegar a eso se tiene que intentar salvar la empresa, si es que se puede. Hay casos en los que no es posible porque tú vendes zapatos y todos van en zapatillas. Pero si tú tienes un producto bueno y competitivo que no encuentra su mercado, hay que contar con profesionales que te ayuden a localizar el problema y dar con la solución. En ASPAC tenemos muy claro que para que un concurso sea solucionable y no tengamos que hacer de enterradores, como en el 90%de los casos, el empresario debe darse cuenta de que tiene un problema antes de entrar en concurso. Tiene que adelantarse y entonces hay posibilidades de reestructuración. Oal menos de hacer un cierre ordenado, sin llegar al concurso, sin dejar deudas, a trabajadores en la calle, a la Administración sin cobrar».

«En el 40% de los concursos los administradores tampoco cobramos, pero necesitamos contar con un equipo numeroso de asesores, economistas, etc, que hacen un trabajo ímprobo. De ninguna manera nos forramos con los concursos, como a veces pueda parecer por un caso aislado que salta a la prensa –advierte–. El administrador concursal es un especialista que lo que quiere es bien sacar la empresa adelante, bien liquidarla para que cobren en las mejores condiciones los acreedores».

Según está establecido, el administrador cobra en función de los activos y los pasivos de la empresa, pero es después el juez quien determina los honorarios. Así que cuando la empresa no tiene activos, como pasa muchas veces, pues prácticamente ni siquiera cubren gastos. «A priori puede verse más o menos las posiciones de la empresa, pero una vez que se entra a fondo en los balances y se hacen valoraciones reales y no contables, nos encontramos con concursos en los que activos que parecían muy grandes, en realidad eran de valor cero. Es lo que pasa con frecuencia con las acciones», explica.

En el resto de Europa hay diez veces más concursos que en España, pero son muchos más los que terminan con convenio

Otro de los problemas de la profesión es que, tal y como comenta Fuentetaja gráficamente, «en España la ley concursal 'solo' se ha modificado 22 veces». «Algunas de estas modificaciones son tremendas, de muchísimo calado. Se genera así una gran inseguridad para el empresario, para el administrador y para el propio juez. La ley 17/2014 está en 'stand by', no se puede aplicar porque necesita desarrollo reglamentario. Y se aplica la de 2011. Y hay un montón de artículos no aplicables. Otros, aplicables en función del momento del concurso... una barbaridad. Pero aquí legislamos a golpe de problema:cuando lo tienen las autopistas, o lo bancos».

Con todo, «la ley es mejorable, pero el problema es más de concienciación del empresario que de los argumentos legales», sostiene.

Cargan los administradores con el sambenito de que alargan los concursos por intereses ocultos. «Esto es debido a que no damos entrevistas –se defiende–. Yo he llevado el concurso de Proinserga y sus nueve empresas, más de trescientos millones de euros, y no puedo hablar de ello porque no puedo dar información a la opinión pública en general. Nosotros cobramos, según el arancel, por la fase común un porcentaje y por la fase de liquidación, que son al menos doce meses, mucho menos. Si yo me tiro once años, como es el caso de Proinserga, no cobro todos esos meses. A mi me interesa conseguir lo más posible para soltárselo a los acreedores. Mi parte proporcional es mínima en relación con la responsabilidad. En Proinserga hemos vendido la unidad productiva a un buen precio al cabo de diez años de concurso, pero hemos mantenido la empresa. A base de convenios y muchas dificultades. Yo no puedo alargar un procedimiento porque el juzgado limita mis plazos».

En muchos casos, el trabajo del administrador está hecho en cinco meses y luego el caso pasa otros seis aparcado en el juzgado. «Es un desastre –lamenta–. Desde el punto de vista material es penoso ver trabajar a los funcionarios judiciales con los medios materiales que tienen. Vas a Hacienda, o a Sanidad y no ves un papel porque está todo en unos ordenadores donde cabe absolutamente todo sobre nosotros. Y vas a un juzgado y te encuentras con montones de papeles que llegan hasta la cintura».

En Castilla y León solo hay dos juzgados de lo Mercantil especializados, uno en Valladolid y otro en Burgos.

Personas en concurso

El año pasado, 53 personas físicas abrieron un procedimiento de concurso de acreedores. En estos casos, el principal problema es, en opinión, de Fuentetaja, la Ley de Segunda Oportunidad, según la cual «el banco no está obligado a hacer quitas». «Las entidades siempre tienen en su mano la posibilidad de ejecutar y, si pueden, lo hacen. Para que te exoneren de tus deudas, dice la ley que tienes que haber pagado todos los créditos que haya después de declarado el concurso, más toda la deuda con Hacienda y Seguridad Social, también si tienes una empleada de hogar... y además, el 25% de los créditos ordinarios. Es decir (una vez más), todos muertos».

Son medidas tan restrictivas que la gente no se atreve a ponerlas en marcha. «Creemos que hay que flexibilizar la norma –sostiene–. ¿Por qué Hacienda y la Seguridad Social tienen que cobrar siempre? Solo con eso estás ya muerto. Que sean como los demás». Uno de los objetivos principales de la propuesta de directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración es facilitar el mantenimiento de la actividad de las sociedades en insolvencia, cuando estas son viables tras una reestructuración. «Alivia algo las condiciones y acorta plazos, pero creemos que debería ir más allá».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos