España exige reciprocidad económica a Reino Unido en caso de un 'brexit' duro

Varios manifestantes proeuropeístas participan en una marcha frente al Parlamento en Londres. /Andy Rain (Efe)
Varios manifestantes proeuropeístas participan en una marcha frente al Parlamento en Londres. / Andy Rain (Efe)

El Gobierno garantizará la continuidad de los contratos financieros y regula las aduanas y la situación en la que quedarían las empresas

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Cuando apenas resta un mes para que venza el plazo para que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), a la espera de lo que decida el Parlamento británico el próximo día 12 sobre una posible petición de prórroga, el Gobierno aprobó este viernes un real decreto-ley con medidas para minimizar los efectos de un 'brexit' duro. El texto trata materias sensibles, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio y las finanzas, con un hilo común: la reciprocidad. Otra de las grandes medidas pasará por dar residencia a los 400.000 británicos que viven en España.

El decreto establece que el mantenimiento de las medidas aprobadas «se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco» por parte de Reino Unido. Todas las normas serán suspendidas si, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, las autoridades británicas no hubieran aprobado otras similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes en ese país.

En el campo de los servicios financieros, el Ejecutivo entiende que la pérdida del 'pasaporte comunitario' (el permiso de actividad de las firmas en España, y viceversa) implica que los bancos británicos tendrán que adaptarse a los regímenes de países que no forman parte de la UE. Esta medida afecta a los servicios que resulten de contratos suscritos con anterioridad al 'brexit', pero con vencimiento posterior a la retirada del Reino Unido. Para reforzar la seguridad jurídica, la protección del cliente y evitar cualquier riesgo para la estabilidad financiera, la norma constata que la vigencia de los contratos no se ve afectada por la retirada del Reino Unido, un hecho refrendado ya por la Comisión Europea. Además, se establece un régimen temporal para garantizar que la adaptación no implique problemas.

En el caso de las aduanas, se introduce la posibilidad de adelantar las solicitudes exigidas por el régimen aduanero con terceros estados antes de la fecha de retirada para evitar su concentración en los días siguientes a la salida de Reino Unido de la UE.

Por otra parte, el Ejecutivo autorizará transportes de mercancías realizados por empresas de Reino Unido con origen o destino en España, si tienen autorización. Las firmas británicas que realicen servicios discrecionales en España se regirán por los tratados internacionales de los que sean parte tanto el Reino Unido como España o la Unión Europea.

En el campo de los servicios aeroportuarios, la salida del Reino Unido del club comunitario provocaría que dejarían de aplicarse las tarifas de embarque y prestaciones públicas de 'catering' previstas para vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

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