España se resigna a un bienestar cada vez más ajustado

Enfermos instalados en los pasillos del servicio de Urgencias del hospital de Cruces (Vizcaya), por la saturacion del servicio./Archivo
Enfermos instalados en los pasillos del servicio de Urgencias del hospital de Cruces (Vizcaya), por la saturacion del servicio. / Archivo

Subirán las partidas ligadas al inevitable envejecimiento, pero los recortes serán vitalicios en sanidad, educación y pensiones | El gasto social caerá del 24% del PIB en el futuro, según el Gobierno, a pesar del declive de los servicios básicos

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Si las consecuencias de la crisis se midieran por el dinero que el Estado dedica a los servicios públicos básicos, España no saldrá nunca de la depresión. O vivirá en un reformulado Estado del bienestar que seguirá existiendo, sí, pero de forma mucho más constreñida con respecto a lo que la mayor parte de la ciudadanía había vivido hasta hace poco más de una década.

En la ecuación formada por un sistema económico abierto y dotado con protección pública, esta última proporción perderá peso a medida que pasen los años. El propio Gobierno lo asume en su Programa de Estabilidad presentado esta semana a la Comisión Europea. El documento incluye predicciones hasta 2070 en las que se atisba una merma del Estado del bienestar.

La sufrirán los pensionistas, quienes precisen de cobertura sanitaria, necesiten acudir a colegios públicos u obtener becas o demanden cuidados permanentes y especializados en su última etapa vital. El conjunto del gasto social descenderá en las próximas décadas hasta el 23,8% del PIB. Se trata de una cifra inferior a la actual -en el entorno del 25%-, ante una población más envejecida y con muchas más necesidades de las que tienen ahora.

La Seguridad Social moderará su factura tras las reformas a pesar del auge de jubilados

Una de las partidas que más sufrirán será la dedicada al pago de las pensiones de la Seguridad Social. El Gobierno anticipa que ese presupuesto seguirá subiendo en los próximos años, y lo hará en una media de 2,2 puntos porcentuales anuales hasta 2045. Pero no será precisamente porque se incremente el dinero destinado a pensiones, sino por la propia evolución de la población.

El peso de las políticas de protección en el PIB seguirá por debajo de la actual media europea

El Plan de Estabilidad anticipa que la mayor cuantía destinada a pensiones se incrementará «por el envejecimiento de la población», con una tasa de mayores de 65 años frente a los mayores de edad que pasará del 29% actual a más del 61% dentro de 27 años. Este envejecimiento se «compensará» -reza el documento- por «la menor proporción que supone la pensión media sobre el salario». Aunque el Ejecutivo ha retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad -el recorte de la primera prestación al jubilarse con respecto al último sueldo cobrado- al año 2022, las medidas puestas en marcha en las dos reformas -2011 y 2013-, como la nueva edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, así como la necesidad de cotizar más tiempo para calcular la prestación final relajarán las cuentas de la Seguridad Social. Además, el incremento del gasto en pensiones se verá compensado también por la caída de la tasa de paro -se abonarán menos prestaciones para desempleados- y el aumento de la tasa de actividad laboral.

Menor peso de los jubilados

El Gobierno también es consciente de que aunque no pueda contener el tsunami del envejecimiento de la población a medio plazo, sí puede actuar para controlar, en parte, el gasto derivado de otras prestaciones que abona la Seguridad Social, como las derivadas de la incapacidad que pasarán de representar un 1,2% sobre el total actual a caer hasta el 0,8% dentro de 20 años. También se prevé una reducción en el gasto en otras pensiones ajenas a la jubilación como las de viudedad y las dedicadas a favor de familiares, cuyo peso se irá reduciendo desde el 2,3% actual al 1,8%.

Tampoco la educación se librará de los ajustes que serán necesarios para cuadrar las cuentas en un contexto marcado por la tendencia a drenar parte de los recursos públicos en favor de otros negocios privados. El gasto educativo sobre el PIB caerá de cerca del 4% actual al 3,5% en apenas 12 años y solo después se iría recuperando, pero siempre con el límite del 4%. España seguirá siendo uno de los países de la UE que menos porcentaje de riqueza nacional destinan a su sistema educativo. El último dato de Eurostat indicaba que la media de los Estados miembro destinaban el 4,9% de su gasto a la educación. En ese mismo informe, España ocupaba la posición número 15, solo por delante de territorios como Rumanía, Bulgaria, Irlanda o Italia.

No mejorarán en los futuros Presupuestos las partidas destinadas a la sanidad con respecto a la situación actual y ello a pesar de que el Gobierno asume que este gasto aumentará por el envejecimiento de la población. Pero lo hará 0,5 puntos sobre el PIB entre 2016 y 2070, situándose entre el 6,5% y el 6,8% a largo plazo. Se trata de un ratio muy inferior al de la media europea actual -un 7,2%- sin visos de que haya más dinero para los recursos en medicina o para evitar los colapsos habituales en los hospitales.

Cada vez más dependencia

Solo uno de los últimos pilares incorporados al Estados del bienestar, el de la dependencia, podría salvarse de los ajustes presupuestarios durante las próximas décadas. Pero vendrá impuesto por el envejecimiento de la población, una situación que es imparable. En consecuencia, España gastará hasta un 4,1% de su PIB en servicios de ayuda para mayores frente a menos del 1% que destinaba a este fin a finales de 2016. Pero no parece que ese incremento no esté exento de ajustes. De hecho, el Gobierno recuerda en su Plan de Estabilidad cómo las medidas aprobadas entre 2012 y 2014 ayudaron a ahorrar unos 2.300 millones.

También define qué tipo de medidas puede poner en marcha para sostener el gasto sanitario, sobre todo las relacionadas con el farmacéutico. Las aprobadas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 -centralizaciones, actualización de precios, uso mayoritario de genéricos, así como el polémico copago, entre otras- han permitido ahorrar 7.300 millones, descendiendo la partida en un 8,6% en seis años. Por ahí parece ir la senda del nuevo Estado del bienestar «racional» al que España deberá acostumbrarse.

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