Justicia quiere sanciones a los bancos que eternicen los casos de cláusulas suelo

Dolores Delgado./
Dolores Delgado.

Castigará a las entidades que recurran al tribunal como vía disuasoria aun sabiendo que no tendrán la razón, para evitar más colapsos en los juzgados

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

En pleno compás de espera ante lo que decida el Tribunal Supremo sobre quién debe asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el Gobierno ha puesto sobre la mesa una medida con la que quiere evitar que los bancos recurran de forma indiscriminada ante los tribunales para que estos órganos decidan sobre el conflicto de las cláusulas suelo, sabiendo de antemano que en la mayoría de los casos suelen perder frente a sus clientes. Lo harán a través de sanciones, tal y como confirmó este miércoles la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien apuntó que su departamento ha «dado el paso» para solventar el colapso que existe por esta cuestión en decenas de juzgados.

Se trata de una «medida preventiva», tal y como la calificó en el Congreso la ministra, con la que se pretende castigar a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe. Considera Delgado que parte de la banca acude a los juzgados, o directamente no resuelve el conflicto de las cláusulas suelo mediante la negociación con sus clientes, conscientes de que un particular se lo va a pensar más de una vez a la hora de presentar una demanda, por el coste que conlleva y el proceso tedioso que ello les supone.

Con estas penalizaciones sobre la banca, se trataría de fomentar los procesos de reclamación extrajudicial, como el que se puso en marcha en enero del año pasado para resolver el conflicto de centenares de miles de familias que reclamaban las cantidades pagadas de más en sus cuotas hipotecarias por el límite mínimo establecido en sus condiciones hipotecarias. De todos los que reclamaron, las entidades han devuelto ese dinero a menos de 400.000 hipotecados, por un valor de unos 1.600 millones. En los casos rechazados, muchos de sus titulares han acudido a la Justicia.

Dolores Delgado ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por impulsar la creación de sedes especializadas en litigios hipotecarios, porque se trató de una decisión «que no fue debidamente evaluada» y que ha desencadenado una «avalancha» de demandas. «Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre territorios», afirmó. Justicia reforzará estas unidades con la incorporación de 150 magistrados y 120 letrados de la Administración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a respetar el trabajo del Supremo y esperar a su decisión sobre el AJD. Sánchez apuntó que será a partir del día 5 cuando el Gobierno «tomará nota, como no puede ser de otra manera».

Por otra parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha pedido claridad a la Justicia sobre quién debe hacer frente al impuesto por la firma de hipotecas y desde cuándo, para evitar que el mercado especule y se produzcan pérdidas millonarias en Bolsa. La desconfianza que se generó el pasado jueves cuando el alto tribunal, «con los mercados abiertos», apuntó este miércoles Roldán, provocó que los bancos perdieran 6.000 millones de euros «en horas», una sangría que ayer se paralizó.

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