El Constitucional entra en el debate sobre los desahucios con la Ley Hipotecaria aún por aprobar

El Constitucional entra en el debate sobre los desahucios con la Ley Hipotecaria aún por aprobar
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Estudiará si va contra la Carta Magna sacar de una vivienda a familias vulnerables sin una alternativa, una medida que el Congreso estudia legislar junto a la dación en pago

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Los tres grandes poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tienen diferentes frente abiertos en torno a los desahucios, que precisamente han repuntado en los últimos meses en el mercado de alquiler de vivienda mientras crece en esa actividad la sensación de burbuja inmobiliaria. Aunque las expulsiones judiciales de inmuebles por no pagar las cuotas de la hipoteca se redujeron un 8,5% en el segundo trimestre -son los últimos datos de los juzgados (CGPJ)-, los desahucios ejecutados por impago de esas rentas han repuntado un 6,1% frente a la moderación que se venía observando con la salida de la crisis, y eso que todavía no han acusado del todo la reforma legal aprobada por el Parlamento antes del verano para agilizar esos procedimientos.

Eso ha hecho saltar las alarmas en distintas instancias y puede provocar cambios legislativos a medio plazo. El Tribunal Constitucional (TC) -que puede revisar las decisiones de esos tres poderes- también puede aportar su particular 'grano de arena' a esas reformas, tras aceptar hace pocas fechas tramitar un recurso del grupo parlamentario Unidos Podemos contra la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas. No es que vaya a coger ahora la bandera del movimiento 'okupa' –según fuentes jurídicas, no parece esa la idea-, pero sí ha decidido estudiar en profundidad la situación de posible desamparo en que pueden quedar las personas y familias con menos medios si deben abandonar la casa donde viven.

Los magistrados del TC van a centrar su análisis en los hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, aquellas familias o personas que son desahuciadas de su vivienda -ya sea en régimen de hipoteca, alquiler o incluso habiéndola ocupada si estaba vacía- sin que tengan lo que se denomina «alternativa habitacional», es decir, otro lugar donde vivir. Tampoco está claro, llegado el caso quién o qué administración, privada o pública, debería proporcionarla, pero si el tribunal estima finalmente que se ha vulnerado algún derecho fundamental la balanza podría caer por el lado de la última de ellas, sobre todo si se trata del que recoge el artículo 47 de la Carta Magna: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

¿Tengo derecho a las ayudas para el alquiler de vivienda?:


La Constitución señala que serán «los poderes públicos» quienes promuevan «las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Y no es el único que, según el recurso que van a analizar, está en juego pues tanto el de la inviolabilidad del domicilio –incluso aunque se trate de casas ocupadas- como el de la tutela judicial efectiva -al dar un plazo de ejecución del desahucio de solo cinco días- también podrían estar vulnerándose, al menos en el caso de las personas con menos recursos. Hace apenas tres semanas el TC validó la expropiación de viviendas vacías que no cumplan una «función social». Y lo hizo ratificando la mayoría de los artículos de la Ley vasca de Vivienda, recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Sin embargo, sí vio inconstitucional esa privación temporal de un inmueble con carácter forzoso para aquellas viviendas objeto de desahucio por ejecuciones hipotecarias impulsadas por la banca.

La ley de Podemos

Desde Unidos Podemos se felicitaron por ese apoyo en general a la vivienda con fines sociales, pero recelan de la excepción con los lanzamientos inmobiliarios impulsados por las entidades financieras. Por eso desde el Congreso quieren dar un nuevo impulso a su proposición de Ley de emergencia habitacional y pobreza energética, promovida inicialmente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El jueves pasado el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a su tramitación en comisión, con el único rechazo firme del PP aunque Ciudadanos y PNV, por ahora, han preferido abstenerse.

Las dos grandes medidas de esa iniciativa legislativa, dejando aparte que se garanticen los suministros básicos en los hogares (agua, luz y gas), pasan por que ningún desahucio de vivienda habitual se pueda ejecutar si no existe una solución habitacional para los afectados y convertir la dación en pago en retroactiva. En este último caso Unidos Podemos quiere evitar que quienes pierden su casa por impago de la hipoteca no arrastren luego la deuda con el banco, y pretenden asimismo que lo que ahora es una alternativa a criterio del propietario (la entidad financiera) o el deudor se convierta en obligatorio si uno de ellos lo pide.

Pero este embrión de una nueva norma, que incluye recuperar el plazo de cinco años para los contratos de alquiler de vivienda y que las casas sin uso de grandes propietarios se ceden temporalmente a la Administración Pública para su arrendamiento posterior, corre por detrás en los plazos de la futura Ley Hipotecaria aunque esta lleva atascada meses en el trámite de enmiendas. El Gobierno espera poder agilizarla ahora y que a mediados de noviembre el Pleno del Congreso pueda aprobarla, a fin de mandarla luego al Senado.

Ese proyecto gusta mucho menos a la formación que lidera Pablo Iglesias porque, por ejemplo, la dación en pago se mantiene como algo voluntariao. Sin embargo, sí recoge los preceptos de la directiva europea sobre hipotecas y urge aprobarla porque España se expone a una multa multimillonaria por el retraso en hacerlo. Entre otras cuestiones, el PSOE trata de convencer al resto de grupos para fijar en un mes el plazo que la banca debe dar a sus clientes para ponerse al día en las cuotas pendientes -el doble de lo que proponía el PP- y elevar al 3% del capital del crédito -el 7% si se produce en la segunda mitad de la vida del préstamo- la cantidad que si se deja de pagar permitiría declarar su vencimiento hipotecado.

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