La migración, una urgencia política inaplazable

Un inmigrante desciende del buque de Open Arms. /Juan Medina (Reuters)
Un inmigrante desciende del buque de Open Arms. / Juan Medina (Reuters)
CARLOS ARCESevilla Coordinador del Área de Migraciones de la Asociación Por Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

No es una novedad que en las políticas migratorias y de fronteras el respeto de los derechos humanos no sea una prioridad precisamente. Sin embargo, con la irrupción electoral de la ultraderecha en España, la deriva del debate social, mediático y político sobre las migraciones es alarmante. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado sendos informes donde pone de relieve numerosas vulneraciones de derechos que se dan en dos de los ámbitos de las migraciones se deberían situar como prioridad: la frontera sur y la infancia migrante no acompañada.

2018 ha dejado de nuevo una inadmisible estadística de muerte: más de mil personas perdieron la vida tratando de llegar a nuestro territorio. Aunque es innegable que durante el año pasado asistimos a un aumento de las llegadas por vía irregular, ese hecho no puede justificar el caos vivido en la organización de la acogida ni el discurso alarmista que habla de «invasión descontrolada», ya que las llegadas no llenarían el Santiago Bernabéu. Una vez más, reclamamos la necesidad de establecer vías de acceso legales y seguras, actualmente inexistentes.

Respecto a la infancia migrante no acompañada, el sistema de protección español en general, y el andaluz en particular, solo se puede calificar de fallido. Se sigue priorizando la condición de migrante respecto a la de menor y existe una tendencia de criminalización de estos niños y niñas muy preocupante. En 2018, se ha producido una descoordinación total entre Administraciones ante el incremento de llegadas de menores que viajan sin la compañía de una persona adulta (6.063), que ha tenido como consecuencia situaciones de desprotección y de vulneración de derechos inasumibles en un Estado de derecho. Lo anterior hace perentoria la creación de un sistema de atención a la infancia migrante que ponga por encima de todo el interés superior del menor, tal como ordena nuestro propio ordenamiento jurídico.

Éstas y otras muchas realidades igualmente graves configuran como una urgencia política inaplazable una gestión de las migraciones y las fronteras españolas respetuosa con los derechos humanos.