«No vamos a tener líneas rojas en la negociación con el PSOE»

Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos. / Virginia Carrasco

La formación quiere subir impuestos para recaudar 40.000 millones más y defienden una renta mínima de 600 euros que no sería universal

Amparo Estrada
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¿Hay dos almas en Podemos? Mientras muchos de los votantes de Pablo Iglesias lo hacen atraídos por los mensajes contra el sistema, su responsable económico ha tomado como modelo en muchas propuestas a Alemania, Francia o Italia.

-¿El programa electoral de Podemos es muy ambicioso para intentar recuperar el voto perdido?

-Queremos trasladar propuestas de futuro y marcar claramente las prioridades económicas de los próximos años. Hay mucha abstención y la campaña va a ser muy decisiva.

-Una de sus propuestas es reducir la jornada laboral a 34 horas semanales.

-Durante los últimos 150 años en España y en las economías desarrolladas se ha ido reduciendo la jornada laboral sin recortes de salario. Este proceso se paró hace unos años y ha de recuperarse porque la productividad ha seguido creciendo pero los salarios no. Salimos de la crisis con un trasvase de renta desde las rentas del trabajo a las rentas del capital de 30.000 millones. Esta reducción de jornada permitirá no solo el reparto de la renta sino sobre todo la conciliación de la vida laboral y familiar.

-Quieren restringir los contratos temporales sólo para cubrir bajas o picos inesperados de producción.

-España duplica la media europea en temporalidad. La contratación temporal debe servir para tareas temporales en las empresas y lo que no es sensato es que tengamos hospitales donde el 50% de la plantilla es temporal. La mayor parte de los contratos temporales se han hecho en fraude de ley. Pero hay que permitir flexibilidad a las empresas, que van a seguir conservando fórmulas para atender situaciones eventuales.

-Tampoco la solución son los contratos indefinidos. El 40% dura menos de un año.

-Por eso planteamos modificar las condiciones de despido. La flexibilización total de las condiciones de despido objetivo que se aprobó en 2012 y permitió el despido libre debe ser revisada y volver a tener una tipificación clara de las causas del despido.

Las cinco medidas prioritarias para Podemos

Transición ecológica.
Podemos propone cerrar las centrales nucleares en 2024, las de carbón en 2025, y que en 2040 toda la producción energética sea renovable. Para ello, quiere constituir un Banco de Inversión para la Transición Ecológica y Económica. También forma parte de s u plan crear una empresa pública de energía para competir con Iberdrola o Endesa, por ejemplo, y recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen.
Temporalidad laboral.
Para acabar con la excesiva tasa de temporalidad, dejaría un único tipo de contrato temporal para causas productivas imprevistas (no campañas ni estaciones) y sustituciones por bajas. Prohibiría los contratos temporales de menos de un mes y a los seis meses pasaría a ser fijo.
Salario mínimo.
Su objetivo es alcanzar un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.200 euros en la próxima legislatura.
Reforma del Impuesto sobre Sociedades.
Tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que sería del 20% para bancos y empresas de hidrocarburos. El tipo para pymes bajaría del 25% al 23%.
Impuesto a las grandes fortunas.
Para patrimonios superiores al millón de euros, que pagarán entre un 2% y un 3,5%, según el nivel. Habría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros.

-Podemos critica la reforma laboral y el recorte de las indemnizaciones pero lo aplica al despedir a sus trabajadores.

-Podemos cumple la ley. Trabajamos por cambiarla pero la cumplimos.

-La ley establece un mínimo, nada impide pagar más.

-Mi equipo no se ocupa de gestiones internas. Siempre se puede pagar más.

-Podemos defiende un ingreso mínimo de 600 euros, pero no es universal.

-Es una proposición de ley para que los hogares que estén por debajo del umbral de la pobreza, que son unos cinco millones de hogares y diez millones de personas, reciban esta prestación de 600 euros por persona. Sería compatible con un trabajo, aunque la iría perdiendo progresivamente a medida que aumentasen sus ingresos. Es el modelo que existe en el País Vasco y permite que siempre salga a cuenta trabajar.

-Las pensiones son uno de los asuntos que más preocupan. El sistema lleva muchos años con déficit y la hucha está prácticamente vacía.

-A medio y largo plazo hay un reto para conseguir hasta tres puntos más del PIB [unos 30.000 millones de euros] en ingresos de la Seguridad Social para cuando se jubile el 'baby boom'. En todo caso, ya veremos, porque buena parte de esa generación va a llegar a la jubilación sin carreras laborales estables y, por lo tanto, sin los 35 o 37 años necesarios para tener pensiones máximas. Ahí tendremos otro problema y seguramente el gasto no sea tan grande como se dice. En todo caso, según las estimaciones del Banco de España creceremos desde el 12% del PIB que gastamos ahora hasta el 15% del PIB, pero esto ya lo están gastando países como Italia o Francia. Por tanto, estamos hablando de que en el pico de máxima tensión estaremos como ya están ahora algunas economías de nuestro entorno. Pensamos que si se adoptan las políticas de empleo y de salarios adecuadas será perfectamente sostenible dentro de 30 años.

-Pero, ¿de dónde va a salir el dinero?

-Destopar las cotizaciones permitiría ingresar 7.000 millones de euros más. Eliminar bonificaciones que no son efectivas aportaría unos 2.500 millones. Y es necesario reformar el régimen de autónomos para que coticen por lo que ingresan. Esto en el corto plazo. Y, si es necesario, que salgan recursos de los Presupuestos.

Financiación

-¿Cuánto dinero cuestan todas sus propuestas?

-Estamos planteando recortar la diferencia con Europa en unos 3,5 o 4 puntos del PIB (unos 40.000 millones de euros) y destinar ese volumen de recaudación a lo largo de toda la legislatura al nuevo programa de inversiones que necesita este país, un programa de inversión verde y un programa de infraestructuras sociales para garantizar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en educación de 0 a 3 años y en el programa de dependencia.

El déficit público se puede estabilizar en torno al 2% del PIB, no es necesario alcanzar un superávit

-Defienden una relajación inmediata en los objetivos de déficit y una reestructuración de la deuda.

-Ya hemos descendido por debajo del objetivo de Bruselas del 3% del PIB y podemos conjugar nuestro plan de inversiones con una estabilización del déficit en torno al 2% de déficit público. Los mayores ingresos que provengan de la reforma fiscal en este momento no es prioritario destinarlos a alcanzar un superávit presupuestario. Las economías europeas en los últimos 50 años han convivido con déficits del 2% o 3% del PIB y lo prioritario es garantizar que esa recaudación va a parar a nuevas inversiones para evitar precisamente que se detenga el crecimiento económico. Esta es la mejor forma de reducir con el tiempo la deuda pública.

- ¿Qué cinco medidas del programa van a exigir al PSOE si después de las elecciones pudieran gobernar?

Nosotros no vamos a tener líneas rojas en la negociación con el PSOE.

- Pero ¿qué medidas quieren llevar adelante de forma prioritaria?

Todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y energética, donde la creación de un banco ecológico para facilitar esa transición es una medida clave. Terminar con el fraude de la temporalidad. Seguir avanzando en el crecimiento del salario mínimo hasta situarlo en lo que recomienda la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio al final de la legislatura. La reforma fiscal y muy en particular del impuesto de sociedades. Y el impuesto a las grandes fortunas

-En la nueva legislatura tendrán que debatir el nuevo sistema de financiación autonómica.

-Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa dijo que una de sus prioridades sería el sistema de financiación autonómica y no ha hecho nada. Es fundamental establecer un suelo de ingresos si realmente queremos coser territorialmente este país. El Estado del bienestar descansa sobre las espaldas de las comunidades autónomas, pero están infrafinanciadas y no pueden garantizar en igualdad de condiciones la prestación de estos servicios.