El Departamento de Estado se enfrenta al Congreso para frenar el 'impeachment' de Trump

Donald Trump, saluda en un acto militar./Reuters
Donald Trump, saluda en un acto militar. / Reuters

El presidente de EE UU y su fiscal general pidieron ayuda a otros países para investigar las elecciones, entre ellos Australia, Reino Unido e Italia

MERCEDES GALLEGONueva York

Rudy Giuliani tenía razón. El secretario de Estado, Mike Pompeo, estaba al corriente de sus contactos con el gobierno ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden, por mucho que intentase distanciarse del escándalo. El abogado personal de Donald Trump advirtió el domingo en la cadena CBS que tenía mensajes de texto para probarlo y este martes el diario 'The Wall Street Journal' publicó que Pompeo incluso estaba en la llamada del presidente que ha desatado el 'impeachment'.

Cuando la semana pasada se le preguntó por esa llamada, Pompeo dijo que «aún no había leído la transcripción». Ahora se sabe que no necesitaba hacerlo, porque fue testigo directo de la misma. Caídas las máscaras, el secretario de Estado se lanzó en las últimas horas a la ofensiva contra el Congreso para frenar la investigación que previsiblemente conducirá al 'impeachment' de Trump, un juicio político en el Senado.

Las audiencias previstas incluyen a cinco funcionarios o ex funcionarios del Departamento de Estado sobre los que Pompeo reclama autoridad. En una virulenta carta al comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el excongresista de haber tratado de «intimidar, atemorizar y tratar indebidamente» a profesionales de su área. Objeta que a los funcionarios citados no se les ha dado suficiente tiempo para preparar sus testimonios y recabar los documentos solicitados.

Además, se niega a que estos declaren sin la presencia de un abogado del propio Departamento de Estado que proteja los intereses del Ejecutivo, «porque eso impediría al presidente ejercer su autoridad constitucional para controlar la divulgación de información privilegiada y controlar las comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Congreso«.

Ante esa postura, el testimonio que iba a dar este miércoles la exembajadora estadounidense en Kiev Marie Yovanovitch está en el aire. Su declaración se considera clave para probar las presiones indebidas que habría ejercido el gobierno de Trump en Ucrania, pero también para aclarar las acusaciones que el presidente vertiese sobre el gobierno de Obama, haciéndose eco de oscuras teorías de la conspiración que según ex funcionarios de su gobierno habría plantado Giuliani.

Los funcionarios ucranianos llegaron a acusar en un principio a la embajadora nombrada por Obama de haberles dado una lista de nombres que no podían ser investigados, entre ellos el hijo de Joe Biden, aunque luego se desdijeron. «¿Por qué se la retiró del cargo (abruptamente) en mayo pasado? ¿Aprobó usted esa decisión?», le preguntó al respecto de todo este asunto por carta a Pompeo el senador Bob Menendez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que le acusa de «pervertir la política exterior de EE UU».

Información enterrada

Pompeo no sería el único. Parece que Trump reclutó también para su causa al fiscal general de EE UU William Barr, que según se supo en las últimas horas viajó a Italia y al Reino Unido para pedir a sus contrapartes que le ayudasen a investigar las presuntas conspiraciones contra el hoy presidente en las elecciones de 2016. Éste también pidió ayuda al primer ministro australiano Scott Morrison en una llamada reciente que habría seguido la misma suerte de la que hizo al mandatario ucraniano. O sea, habría sido enterrada en un sistema de máxima seguridad reservado para temas que puedan comprometer la seguridad nacional.

El primer ministro australiano, que se define como «un conservador pragmático», es afín a Trump y habría accedido a investigar el papel que jugaron los servicios diplomáticos de su país al avisar a EE UU de que un agente ruso había ofrecido en Londres al asesor de política exterior de su campaña George Papadopoulos «trapos sucios» sobre Hillary Clinton cuando esta era su rival. Busca desacreditar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que considera una conspiración para deslegitimar su victoria de 2016. De hecho, el fiscal general ha abierto una investigación sobre los investigadores que investigaron la posible conspiración de la campaña de Trump con Rusia, algo altamente inusual, aunque no ilegal.

En esa línea, prominentes republicanos cercanos a Trump defendieron este martes la capacidad del presidente para solicitar a mandatarios extranjeros que asistan a EE UU en una investigación. «Barr debería estar hablando con Australia», espetó el senador Lindsey Graham en la cadena Fox. «Y con Italia y el Reino Unido, para averiguar si esos servicios de inteligencia trabajaron impropiamente con los nuestros a abrir una operación de contrainteligencia a la campaña de Trump. Y si no lo ha hecho, debería hacerlo. Yo voy a escribir a esos tres países pidiéndoles que cooperen con Barr«, desafió el presidente del Comité Judicial del Senado.

Según 'The Wall Street Journal', las malas relaciones entre Barr y Giuliani podrían complicar la defensa del mandatario, si estos no empiezan coordinar sus posturas. Barr ni siquiera sabía que había sido mencionado en la llamada con Ucrania, lo que le hizo quedar mal en sus declaraciones posteriores. Uno más en la oscuridad del Despacho Oval.