Los huérfanos del Gobierno de Trump

Una mujer mexicana con niños se encuentra retenida en una celda de aislamiento de la policía de fronteras estadounidense por pasar a EE UU ilegalmente./Rick Wilking (Reuters)
Una mujer mexicana con niños se encuentra retenida en una celda de aislamiento de la policía de fronteras estadounidense por pasar a EE UU ilegalmente. / Rick Wilking (Reuters)

Más de 900 criaturas, cada vez más pequeñas, habrían sido arrancadas de los brazos de sus padres en el último año

MERCEDES GALLEGOCorresponsal en Nueva York (EE UU)

El 20 de junio del año pasado un juez de California ordenó al gobierno de Donald Trump dejar de separar a los niños de sus padres en la frontera, salvo que supusieran «un riesgo» para los menores. Abusando de esa excepción de sentido común, el gobierno estadounidense ha seguido arrancando a menores de los brazos de sus padres, según denunció el martes en los tribunales la American Civil Liberties Union (ACLU).

Para el público, la crisis de la separación familiar había pasado. Otro juez había ordenado al gobierno reunificar a los niños con sus padres en un mes, plazo que limitó a 14 días para los menores de 5 años. En más de 700 casos el gobierno no logró encontrar a los padres y un año después al menos 30 de esos niños seguían el mes pasado hospedados en albergues, según un informe del Comité de Supervisión del Congreso. El límite legal para tenerlos en custodia es de 72 horas.

Acostumbrado a buscar las lagunas legales en la letra de la ley, el magnate inmobiliario y su ejército de abogados ha aplicado esas prácticas al gobierno para seguir destrozando las vidas de los inmigrantes y que su dolor sirva de escarnio. A los más de 2.700 niños que fueron privados de sus padres sólo para disuadir a otros de no aventurarse con sus hijos a EE UU hay que sumarle este año 911 que los perdieron por razones tan banales como tener el pañal mojado o que su padre hubiera incurrido en la «destrucción de la propiedad ajena» por valor de 5 dólares, expone la denuncia de la ACLU.

Según dijo el mes pasado al Congreso bajo juramento el secretario de Seguridad Doméstica en funciones, Kevin McAleenan, las separaciones familiares solo siguen ocurriendo en «casos extremadamente raros» y siempre «en beneficio del menor», términos estos demasiado ambiguos como para dejarlos a mercede del gobierno de Trump. Su antecesora, Kirstjen Nielsen, fue relevada del cargo en abril tras comunicar al presidente su oposición a restaurar la política de separación familiar como fórmula para frenar la oleada de peticiones de asilo. «¡Nuestro país está LLENO!», tuitéo el mandatario.

Desde entonces numerosos inmigrantes han sido detenidos y deportados por faltas leves como multas de tráfico y, en el proceso, han perdido a sus hijos. Algunos por estar asociados a bandas callejeras, algo común en países como El Salvador, sin que ni siquiera hiciera falta probar la acusación. Otros simplemente por no ser capaz de responder a las preguntas de los agentes migratorios. «¡Imagínate si en EE UU se le quitara a un padre la custodia de su hijo por algo así!», se escandalizó Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que dirige la demanda.

La crueldad aumenta con cada vuelta de tuerca. Los agentes parecen atacar ahora a los niños más pequeños con los que es más fácil argumentar negligencia de los padres. El porcentaje de menores de cinco años separados era el año pasado del 4%, mientras que ahora suponen el 20%. La falta de supervisión judicial e imposibilidad de apelar las decisiones que toman los agentes de inmigración dejan a los padres desamparados, al menos hasta que el juez responda a la demanda de la ACLU.