Los bulos para lograr el 'brexit' pasan factura a Boris Johnson

El exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson. /Efe
El exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson. / Efe

El favorito para suceder a Theresa May como líder conservador afronta un proceso judicial por la «conducta impropia» de la que le acusa un activista

LOURDES GÓMEZLondres

Las mentiras y exageraciones sobre la contribución británica a las arcas de la Unión Europea están pasando factura a Boris Johnson. El exalcalde de Londres se enfrenta a un proceso judicial por tres presuntos delitos de conducta impropia en el desempeño de cargos públicos durante las campañas del referéndum del Brexit, en 2016, y de las generales, un año después. Para los abogados del ahora favorito a suceder a la primera ministra, Theresa May, como líder conservador y jefe del Gobierno, se trata de una «artimaña política» que intentarán bloquear antes de que llegue a juicio ante un tribunal penal.

Johnson perdió este miércoles el primer asalto en una pugna iniciada por Marcus Ball, un informático que se hartó de los bulos esparcidos por el bando victorioso del Brexit. La juez Margot Coleman, del Tribunal de Westminster, dio luz verde al proceso judicial contra el diputado y exministro de Exteriores, en una decisión que se considera sin precedentes.

La magistrada no valoró si la cara más popular de la campaña oficial del Brexit exageró o mintió, sin querer o deliberadamente, cuando afirmó en repetidas ocasiones que «enviamos 350 millones de libras a la UE cada semana». La frase se imprimió en el exterior de un autobús y se convirtió en el eslogan más efectivo del plebiscito, junto con la dudosa promesa de que ese dinero se invertiría en el Sistema Público de Salud.

Pero Coleman sí aceptó tramitar la solicitud de la acusación particular para sentar a Johnson en el banquillo. «Habiendo considerado todos los factores relevantes, estoy convencida de que este es un caso apropiado para dictar la solicitada citación judicial», declaró la juez. El aspirante a gobernar el país dentro de unas semanas deberá comparecer ante el mismo Tribunal de Westminster, donde su caso se remitirá a un juzgado penal en una fecha aún por determinar.

«Engañar repetidamente»

Ball acusa al parlamentario de «mentir y engañar repetidamente al público británico», cuando ejercía los cargos públicos de alcalde y diputado, sabiendo además que «sus comentarios eran falsos o erróneos». «Cuando los políticos mienten, la democracia muere», argumentó su abogado. La magistrada recuerda en la explicación escrita de su decisión que las consideradas mentiras «socavan la confianza del público y minan la integridad de los referendos».

En defensa de Johnson, Adrian Darbishire esgrimió el «móvil político» que atribuye a la acción judicial que, según aseguró, tiene por objetivo «minar el resultado del referéndum». «La solicitud representa un intento, por primera vez en la historia legal inglesa, de utilizar el derecho penal para regular el contenido y la calidad del debate político», sostuvo en la argumentación que posiblemente volverá a emplear en las próximas vistas judiciales contra su famoso cliente.

El activista Ball abrió una plataforma digital, Justice Brexit, para recabar apoyos a su causa. Y lanzó varias campañas de 'crowdfunding' que le han aportado cerca de medio millón de euros en donaciones. Necesitará fondos adicionales para mantener el pulso contra el político conservador. Expertos legales advierten de que quedan obstáculos por delante, entre ellos la posibilidad de que la fiscalía aborte el proceso antes de que arranque la vista judicial sobre las mentiras del referéndum. «Brexit Justice Limited es el producto de una campaña para socavar el resultado del referéndum y prevenir sus consecuencias (…), lo que persigue en definitiva es el 'no 'brexit''», alega la defensa del exalcalde.

Otro paso del Gobierno escocés hacia el segundo referéndum sobre la independencia

El Gobierno escocés hizo público este miércoles un proyecto de ley en previsión de la convocatoria de un nuevo referéndum que reabra la opción de la independencia de la nación respecto al resto de Reino Unido. La propuesta presenta el armazón legal para apuntalar cualquier plebiscito en Escocia, pero hace referencia específicamente a la cuestión soberanista y los obstáculos para dificultarla que amenaza con interponer el Ejecutivo central.

«Es esencial que el Gobierno de Reino Unido reconozca que será un escándalo democrático si intenta bloquear el referéndum», advirtió la ministra principal y líder del Partido Nacional de Escocia (SNP), Nicola Sturgeon. Londres retiene la autoridad sobre Edimburgo en materia de plebiscitos y el proyecto de ley lo reconoce, junto con la aspiración de que haya una «transferencia de poder para asegurar que no se pueda impugnar jurídicamente» una nueva consulta separatista.

El texto incluye también previsiones para fijar la fecha de la apertura de las urnas y establecer la pregunta que figurará en las papeletas mediante trámites administrativos. El documento podría refrendarse antes de que termine el presente año con el apoyo de los Verdes a las bancadas del SNP, según las previsiones del Gobierno autonómico.

Nicola Sturgeon aprovecha el tirón de las recientes elecciones al Parlamento Europeo -en las que los nacionalistas fueron la fuerza más votada y ganaron tres de los seis escaños que se ponían en juego en el territorio- y la crisis en el Gobierno conservador para relanzar la causa independentista.

Los sondeos no indican un cambio constante de opinión desde la victoria unionista de 2014, pero la dirigente del SNP apuesta en público por replantear la decisiva cuestión antes de las elecciones autonómicas previstas para 2021.

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