Los sindicatos dan el primer aviso a Macron

Pocas veces se habían visto en París tantas bicicletas como ayer. De las 16 líneas de metro de la capital, solo funcionaron con normalidad -aunque colapsadas- dos. En otras cuatro circuló apenas un tercio de los trenes y tan solo en las horas punta. Autobuses y tranvías también redujeron sus frecuencias. Los parisinos tuvieron que optar por el coche o, forzosamente, por alternativas limpias, como la bicicleta, el patinete eléctrico o, directamente, las piernas.

Desde primera hora de la mañana podían verse riadas de personas que salían de las grandes estaciones que unen la periferia con la capital, y que tuvieron que acabar el trayecto andando hasta sus lugares de trabajo. Cargados con sus maletas, cientos de turistas se encontraban con la desagradable sorpresa del metro cerrado a su llegada a París. Hasta una hora de cola había que esperar en la estación del Norte para poder subirse a un taxi.

Los grandes beneficiados de la jornada fueron los VTC, que hasta llegaron a triplicar sus tarifas debido a la gran demanda de vehículos, y las motos, bicicletas y patinetes eléctricos de alquiler, sobre las que se abalanzaban los viajeros a las salidas de las estaciones. Según los sindicatos, la huelga de 24 horas tuvo un seguimiento de entre el 60% y el 98%, según los sectores, y sirvió de primera «llamada de atención» contra la reforma de las pensiones y por el mantenimiento del régimen especial al que se acogen los trabajadores de la RATP. En la concentración que mantuvieron los huelguistas en la sede de la compañía pública, muchos llamaban a continuar la movilización con «paros ilimitados en diciembre».

Precisamente, son esos regímenes especiales, 42 en total en el país, con los que quiere acabar el presidente Emmanuel Macron y fundirlos en uno solo. El pasado mes de julio se presentó una primera propuesta que debería servir de base a la reforma, y que opta por un sistema universal de puntos, con el que se busca -con algunas excepciones- que cada euro cotizado dé los mismos derechos a todos los trabajadores, independientemente del sector en el que se trabaje.

Tradicionalmente, los sectores con una mayor organización y capacidad de presión han logrado a lo largo de las décadas mejores condiciones de jubilación. En la RATP, por ejemplo, sus empleados disfrutan del retiro a una edad media de 56 años, mientras que para el resto de los funcionarios es a los 61. Actualmente, la edad legal de jubilación en Francia se sitúa en los 62 años, una de las más bajas de la Unión Europea. La reforma pretende o bien elevarla a los 64 años, o aumentar el número de años cotizados necesarios para jubilarse.

Con la experiencia de la crisis de los 'chalecos amarillos', que marcó el pasado curso político, Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, buscan caminar el pedregoso sendero de la reforma de las pensiones con pies de plomo. Philippe ha dicho esta semana que quieren consultar con los ciudadanos y negociar con los sindicatos. El proyecto de ley no llegará a la Asamblea Nacional hasta el próximo verano, una vez que hayan pasado las elecciones municipales convocadas para el mes de marzo.