El exceso de comisiones atasca el Congreso

El exceso de comisiones atasca el Congreso

El número de órganos que se han puesto en marcha en estos dos años supera ya al de legislaturas completas

MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

La legislatura que comenzó tras el 26-J ha traído cambios importantes en el Congreso de los Diputados además de la irrupción definitiva de dos partidos nuevos, de la desaparición o reconversión de otros, y de la disminución de algunos. Sin duda, el cambio que está teniendo más impacto sobre el día a día parlamentario es la proliferación de nuevos órganos.

En estos dos años, y fundamentalmente por el impulso de Podemos y Ciudadanos, la Cámara baja ha puesto en marcha 31 nuevos foros repartidos en diez comisiones permanentes, cinco comisiones de investigación, once subcomisiones y cinco ponencias, de los que solo diez han acabado sus trabajos con mayor o menor éxito. El pasado martes echaba andar el último de estos órganos, la comisión que investiga el accidente ferroviario de Angrois, que causó la muerte de 80 personas y heridas a otras 144, tras siete meses congelada ante la incapacidad de los grupos de ponerse de acuerdo para decidir quién debía presidirla.

Con ella, ahora mismo hay 50 órganos parlamentarios en activo: las habituales 21 comisiones permanentes (adaptadas al nuevo organigrama del Gobierno de Pedro Sánchez), diez no legislativas, dos no permanentes, las seis mixtas Congreso-Senado y las 'eventuales' que añaden cuatro subcomisiones, tres ponencias y cuatro comisiones de investigación. Un récord que ya ha merecido el reproche de la presidenta Ana Pastor y que colapsa la actividad en la Cámara baja mientras la acción legislativa brilla por su ausencia.

Si echamos la vista atrás, el número de comisiones abiertas en estos momentos (43) rompe cualquier estadística y supera ya a la de las legislaturas anteriores en la mitad de tiempo. Sólo en el escaso año que duró la estéril XI Legislatura, la del bloqueo político, se pusieron en marcha 28 comisiones, casi al nivel de periodos legislativos completos como la X Legislatura, en la que se celebraron 31; la IX, que albergó 36 o la VIII, con 33. En este periodo de doce años entre 2004 y 2016 sólo hubo una comisión de investigación, la del 11-M, en contraposición a las cinco que se han puesto en marcha en los últimos 24 meses.

Estos foros se han convertido además en el perfecto plus económico para sus señorías que cobran mensualmente entre 704 euros, por los trabajos más modestos de secretario y portavoz adjunto, hasta los 1.056 de vicepresidentes y portavoces y los 1.445 de los presidentes. Estos complementos –para los que la Cámara desembolsa unos 500.000 euros mensuales en concepto de gastos de representación– engrosan el sueldo base de 2.842 euros de cada diputado, a lo que hay que sumar otras «ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función», según recoge el reglamento del Congreso.

Carga de trabajo

La mecánica de estas comisiones está hecha a medida de los grandes partidos. Los grupos más discretos se quejan de que no son capaces de abarcar la cantidad de trabajo parlamentario que conllevan ni de acudir a todas las reuniones correspondientes, que se llegan incluso a solapar y obligan a alguna de sus señorías a esprintar por los pasillos del palacio de la Carrera de San Jerónimo. Un mismo diputado, como por ejemplo Mikel Legarda (PNV), puede ostentar hasta ocho portavocías simultáneas. Eso sí, los complementos no son compatibles entre sí y sólo se puede cobrar por una comisión. De lo contrario los portavoces de los grupos minoritarios, que lo son en la mayoría de estos foros, multiplicarían notablemente sus ingresos respecto a los grupos mayoritarios.

Pero no solo los diputados se ven afectados por este auge de órganos. En cada sesión que se celebra, debe estar presente un letrado de la Cámara y un taquígrafo. Estos dos cuerpos están teniendo que trabajar a máximo rendimiento para compaginar sus habituales labores con la cobertura de todas las comisiones. Esta carga extra de trabajo ha obligado al Parlamento a aumentar la contratación externa de servicios de transcripción y, con ello, el coste a sus arcas. En 2017, gastó 54.640 euros en estas tareas, más del triple de lo que destinó en 2015. Con una actividad parlamentaria normal, el Congreso desembolsó 18.080 euros para contratar transcripciones fuera.

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