La Fiscalía pide procesar también por organización criminal a 28 acusados por el 1-O

La Fiscalía pide procesar también por organización criminal a 28 acusados por el 1-O
EFE

La mayoría de ellos son exaltos cargos de la Generalitat y ya están procesados por malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación

CRISTIAN REINOBarcelona

La situación procesal se complica para la treintena de acusados, buena parte de ellos exaltos cargos de la Generalitat, por la organización del 1-O. Son todos los cargos de segundo nivel de la administración catalana investigados y procesados por el 1-O. Un mes después de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el primero que abrió una causa contra el proceso secesionista y contra la organización del referéndum del 1-O, dictara auto de procesamiento contra 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, esta mañana la Fiscalía ha pedido endurecer las acusaciones.

El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 que corrija el auto de procesamiento y acuse también por organización criminal a 28 de los investigados. Entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

El proceso secesionista se está dirimiendo judicialmente y de manera simultánea en cuatro juzgados. El Tribunal Supremo está juzgando a los doce líderes del 'procés' desde el pasado mes de febrero. Algunos de ellos por los delitos de rebelión. Además, la Audiencia Nacional última el inicio del juicio contra la cúpula de los Mossos, entre otros al exmayor Josep Lluís Trapero. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a los antiguos miembros de la mesa de la Cámara catalana, así como a una dirigente de la CUP.

Por último, el juzgado 13 de Barcelona sentará en el banquillo a 30 exaltos cargos del Gobierno catalán y a empresarios. Son los responsables de la organización del 1-O de la administración catalana que no eran consejeros.

Muchos de los informes realizados por la Guardia Civil para el juzgado 13 de Barcelona, sobre todo los que tienen que ver con la organización del 1-O, sirvieron de base para procesar a los 12 acusados hoy sentados en el banquillo en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía argumenta que una organización criminal es «cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas». Según la Fiscalía, la conducta de los procesados para organizar el referéndum «ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlament, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades». A su juicio, las 28 personas acusadas de organización criminal actuaron «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña».

En el auto de procesamiento, la magistrada, que sustituyó en la instrucción de la causa a Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre del año pasado, fijó una fianza de 5,8 millones por responsabilidad civil para los procesados por malversación, «cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre», según el auto.