La Generalitat acusa a Sánchez de haber cedido a la presión de la «ultraderecha»

La Generalitat acusa a Sánchez de haber cedido a la presión de la «ultraderecha»

El independentismo culpa al Gobierno de la ruptura del diálogo y advierte de que no renunciará al derecho de autodeterminación

CRISTIAN REINO

El independentismo cargó este viernes toda la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno central y el catalán a Pedro Sánchez. En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, el vicepresidente, Pere Aragonès, y la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, que son quienes han llevado el peso de las conversaciones, acusaron al jefe del Ejecutivo de haber cedido a las presiones del «nacionalismo español, la derecha y la ultraderecha».

«Lamentamos que el Gobierno español haya decidido abandonar el diálogo», fue la tesis que defendió el secesionismo. A su juicio, todo se precipitó en las últimas 24 horas, entre el miércoles y el jueves, cuando la derecha convocó la concentración en Madrid del domingo y la presión de los barones socialistas se hizo acuciante para el presidente del Gobierno. El documento con la última oferta de la Moncloa al Palau de la Generalitat, que el Gobierno central dio a conocer hoy y que la Generalitat había recibido solo media hora antes, sirvió, según Aragonès, como «excusa» para «certificar la ruptura de las negociaciones».

La parte catalana señaló que la administración central hizo un último intento, instando a los partidos secesionistas a retirar las enmiendas a la totalidad para poder continuar negociando. Pero los nacionalistas consumaron la advertencia, el PDeCAT registró este viernes a mediodía la enmienda que ya había presentado ERC y la suerte estaba echada.

El Gobierno catalán defendió su apuesta por el diálogo y afirmó que lo ha practicado en un entorno muy complicado -por la presión de los sectores más radicales del independentismo-, a las puertas del comienzo del juicio. Eso sí, Aragonès avisó que no se les puede pedir un «cheque en blanco» ni que den carpetazo al referéndum. Este fue uno de los argumentos que puso Calvo sobre la mesa y sobre el que los grupos soberanistas se han mostrado inflexibles. Porque más allá de mesas de diálogo de partidos o relatores, el independentismo se ha mostrado firme en que la autodeterminación apareciera en los documentos de trabajo con el Gobierno.

La respuesta de Calvo fue contundente: «Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento del derecho de autodeterminación». La réplica del Govern fue igual de rotunda. Buena muestra de que las posiciones están a años luz. «No se nos puede exigir que renunciemos al derecho de autodeterminación para comenzar a hablar», insistió Aragonès.

Sobre el documento de la negociación que el Gobierno hizo público este viernes, el Govern cree que no supone un avance significativo y que es insuficiente, a pesar de que reconoce una mesa de diálogo con partidos nacionales y admite la figura del relator, sin citarlo. Según la parte catalana, la última propuesta de la Moncloa no ofrece garantías. A su juicio, debería hacer una descripción más detallada de la figura del mediador y debería incluir el reconocimiento de las posiciones políticas de las dos partes. Habla de la mesa de partidos con representantes de ámbito «estatal y catalán», pero carece, según la Generalitat, de concreción y calendario.

Sin presupuestos

En consecuencia, los independentistas dieron casi por hecho que los Presupuestos no pasarán la criba del miércoles, ya que ERC y el PDeCAT mantendrán sus enmiendas a la totalidad y votarán en contra de su tramitación, aunque emplazaron a Sánchez a seguir dialogando estos próximos días y cuando supere el contexto de «amenaza electoral».

De alguna manera, el independentismo, con la ruptura del diálogo, tiene motivos para respirar aliviado. Y es que la patata caliente de permitir la tramitación de las Cuentas, justo el día después del inicio del juicio, era difícil de digerir para amplios sectores. Ahora bien, en cuanto los Presupuestos pasen a la historia, los diputados de ERC y el PDeCAT dejarán de tener el papel relevante que asumieron tras la moción de censura y el Gobierno catalán dejará de tener capacidad de presión, al margen de las amenazas a la unilateralidad.

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