Grande-Marlaska quiere menos esposas y correas para maniatar a los presos

La directiva, repartida este miércoles en todos los centros, no ha sentado especialmente bien a los funcionarios penitenciarios, que denuncian desde hace meses el deterioro de la seguridad en el interior de las cárceles, con un número creciente de agresiones, sobre todo por la falta de personal.

El documento, fechado el martes y que lleva la firma del nuevo secretario general de prisiones, Ángel Luis Órtiz, es tajante. Prohíbe el uso de «medidas de sujeción mecánica (esposas o correas) por motivos regimentales» (mala conducta) salvo en situaciones de «de carácter excepcional». Es decir, cuando no exista otra fórmula de reducir al interno conflictivo y siempre por un «tiempo mínimo imprescindible». Por primera vez, además, los funcionarios estarán obligados siempre a «contar con la autorización previa del director del centro», salvo en situaciones de urgencia. Y, en cualquier caso, la aplicación de estas medidas coercitivas deberá comunicarse «inmediatamente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria» con «indicación del inicio y cese de la aplicación, así como de los motivos y circunstancias que justifiquen su utilización».

La instrucción, que deroga la disposición de 2007 que dejaba al arbitrio de los funcionarios la utilización de estas medidas de sujeción, establece un protocolo antes de reducir al interno; desde «maniobras previas de diálogo o desescalada» a estudiar la «causa de su agitación», pasando por ofrecerle al preso un «espacio» para «serenarse».

El uso de esposas (grilletes metálicos o de nylon desechable) para controlar a los internos queda limitada, de forma taxativa, a un máximo de media hora. Para episodios de rebeldía superiores a los 30 minutos, a partir de ahora los funcionarios solo podrán usar «correas homologadas» y en «celdas habilitadas al efecto». Además, siempre deberán estar presentes cuatro funcionarios para controlar al interno.

Las órdenes de los nuevos responsables del Ministerio del Interior están encaminadas sobre todo a limitar al máximo el tiempo de empleo de estas medidas de sujeción, que hasta ahora podían ampliarse con bastante facilidad.

Ahora, los funcionarios tendrán que personarse cada hora «presencialmente» para comprobar si se puede liberar al interno y cada tres horas, el jefe de servicio deberá dar su visto bueno para que el recluso siga maniatado.