El independentismo trata de evitar que su división se traslade al juicio por el 1-O

Dirigentes independentistas encarcelados por el 1-O./AFP
Dirigentes independentistas encarcelados por el 1-O. / AFP

Los partidos soberanistas aprovecharán el inicio de la vista contra sus dirigentes para lanzarlas campañas electorales

CRISTIAN REINOBarcelona

En poco más de dos semanas arrancará el juicio del 1-O, la causa judicial más importante en 40 años de democracia. En el banquillo de los acusados se sentarán doce dirigentes secesionistas, todos los que protagonizaron los hechos de octubre de 2017 y decidieron permanecer en Cataluña en vez de huir al extranjero, como sí hizo Carles Puigdemont, el principal ausente del juicio «para la historia», según califican en el independentismo. Los exmiembros del Gobierno catalán y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium se enfrentan a penas que van de los 25 años, que pide la Fiscalía para Oriol Junqueras, a los siete años que se reclama para los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó.

Son una docena de procesados y cada uno lleva su propia estrategia. No solo jurídica, sino también política. Algunos son aún dirigentes de primera línea, como Junqueras, Jordi Sànchez o Jordi Turull, y aprovecharán el altavoz de la vista con retransmisiones televisivas en directo para lanzar alegatos políticos y hacer campaña de cara a las municipales y europeas de mayo.

La primera gran discrepancia entre las defensas, de hecho, está en quienes defienden que se trata de un juicio político y quienes pretenden limitarse a hacer una propuesta meramente técnica. «Esquerra afronta esta causa como un juicio político y como tal tenemos la oportunidad de poner la verdad sobre la mesa y acusar al Estado delante del mundo», explica la formación republicana. «Este proceso en realidad de lo que trata es de poner en tela de juicio a la democracia española», según las tesis de los dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat). «Estamos ante una venganza, ante un juicio a la democracia», remata ERC.

La formación republicana afronta el juicio como una campaña electoral y pondrá toda su maquinaria logística para hacer el seguimiento de la causa. Así, ERC ha diseñado una estrategia política y comunicativa para afrontar la vista. El pistoletazo de salida lo dará el propio presidente del partido, Oriol Junqueras, con una «conferencia política» el 29 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El partido también tiene previsto convocar actos por ciudades de toda España para explicar «las mentiras del poder judicial y en definitiva del Estado». JxCat se reúne mañana y pasado en Bruselas y de ahí saldrá su estrategia para el juicio.

Estrategia propia

Algunos letrados se han desmarcado de la etiqueta de proceso político y de una estrategia de defensa conjunta. Se juegan muchos años de cárcel y hay quien prefiere mirar por sí mismo y su futuro. Es el caso de Carme Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión, según la petición de la Fiscalía. La expresidenta de la ANC se ha desvinculado de toda la organización del 1-O.

El exconsejero Santi Vila, por su parte, afirma que siempre estuvo en contra de la vía unilateral, esgrime que dimitió antes de la declaración de independencia y que no ostentó el cargo de diputado, por lo que se mantuvo ajeno a la aprobación de las leyes de la ruptura. Quien más ha hecho evidente que una vez que empiece el juicio puede que ya no haya una estrategia común es Joaquim Forn, que como exconsejero de Interior se enfrenta a 16 años de prisión. Su abogado, Xavier Melero, defendió el prestigio del Tribunal Supremo, en contra de la tesis de buena parte de las defensas que ataca con todo contra la justicia española, y responsabilizó a Marta Rovira y su fuga un día antes de declarar ante el juez Llarena de que nueve de los doce procesados que dieron la cara ante el magistrado permanezcan en prisión preventiva.

¿Salvese quien pueda?

Fuentes de la defensa de Junqueras niegan que exista el riesgo de que el juicio acabe convirtiéndose en un sálvese quien pueda, como ocurrió en otra macrocausa como fue la del Palau de la Música. A su juicio hay «convergencia de intereses», por lo que descartan el conocido «dilema del prisionero», figura según la cual la estrategia de unos puede perjudicar a los demás.

En cualquier caso, los acusados coinciden en sus escritos en que no hubo violencia que ampare la causa por rebelión y denuncian que el Estado ha vulnerado todos sus derechos para «escarmentar» a los independentistas y garantizar la unidad de España. «Sin violencia no hay delito y convocar y organizar un referéndum no es ningún delito», según defiende el equipo jurídico de Junqueras y Romeva.

«No es cierto que los acusados organizaran actos de violencia, sino que los altercados que se produjeron se explican fundamentalmente por decisiones del Gobierno español, que ordenó a la policía cargar contra personas indefensas yendo incluso más allá de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», según los escritos de Turull, Sànchez y Rull. El abogado de los tres asegura que irán al Supremo a «luchar» y a demostrar que no cometieron ningún delito al «obedecer la voluntad popular» del 1-O: «No se avergüenzan de nada de lo que han hecho», mantiene.

«Un juicio histórico» que acabará en Estrasburgo

Niegan el delito, pero las defensas reconocen que la absolución es muy complicada, pues dejaría en evidencia al juez instructor, Pablo Llarena, y provocaría un enorme «escándalo», según fuentes de la defensa de Junqueras. A su entender, hay margen para una sentencia no muy severa. Pero su vaticinio es que las condenas acabarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo). Fuentes nacionalistas descartan el delito de rebelión, pero sí creen posible una condena por conspiración para rebelión, lo que implicaría penas de en torno a diez años.

De ahí que sectores del PDeCAT y de Esquerra consideren que es preciso no dejar caer a Pedro Sánchez, pues creen que es con él con quien deberán gestionar el periodo tras las sentencias, que podrían conocerse en el mes de julio de este año. Un periodo convulso que podría estar marcado por las peticiones de indulto que dirigentes socialistas -como Miquel Iceta- ya han apuntado como posible en el pasado.

Fuentes republicanas señalan que el gesto político que reclaman al Gobierno para apoyar los Presupuestos debería producirse en el juicio, cuando la Fiscalía presente sus conclusiones definitivas. Aunque admiten que será complicado que rebaje las penas.

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ya lo hizo meses atrás, cuando retiró las acusaciones por rebelión y en su escrito de acusación pidió 12 años para Junqueras, en lugar de los 25 años de la Fiscalía, por el delito más grave de rebelión.

 

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