La mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena | BURGOSconecta

La mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena

La mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena

La oposición advierte de que la iniciativa podría ser constitutiva de un delito de malversación

CRISTIAN REINOBarcelona

El día después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, denegara este jueves el permiso a Jordi Sànchez para someterse al pleno de investidura, por su situación de preso preventivo, la mesa de la Cámara catalana ha acordado esta mañana interponer una querella contra el magistrado. La querella, que se presentará contra toda la Sala de lo Penal del Supremo, viene motivada, según fuentes independentistas, por considerar que los derechos de los diputados han sido vulnerados. Mientras se redacta la denuncia, los independentistas presentarán una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial.

La querella es la repuesta jurídica de los grupos indepedentistas a la negativa del juez Llarena a autorizar la salida de prisión de Sànchez o a la posibilidad de que se sometiera a la votación de investidura por vía telemática. Tras el anuncio del juez, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aplazó este jueves sine die el debate de investidura, que estaba convocado para esta mañana. En su lugar, el presidente del Parlament convocó una Mesa extraordinaria para dar respuesta a la «vulneración de derechos del Tribunal Supremo».

Torrent propuso Sánchez como candidato el pasado sábado 7 de abril. El lunes 9 de abril, convocó el pleno y envió un escrito al magistrado del TS, Pablo Llarena, para reclamar el derecho de Sànchez a participar en la investidura.

Sànchez no dejará el acta «como mínimo hasta que haya un Govern legítimo»

El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que había sido propuesto para ser investido presidente de la Generalitat, ha subrayado desde la prisión que descarta dejar el acta de diputado en el Parlament hasta que haya un «Govern legítimo».

Así lo ha expresado en una entrevista a El Independiente realizada a través de una carta manuscrita y antes de la decisión adoptada este jueves por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien prohibió a Sànchez participar en el pleno de su investidura, que tenía que celebrarse este viernes y que finalmente fue desconvocado.

En la entrevista, Sànchez ha destacado que en su etapa al frente de la ANC no cometió «ningún delito», pues ejercitó sus «derechos ciudadanos de asociación, expresión y manifestación», por lo que se considera un «preso político» aunque lo niegue el Ejecutivo central.

La decisión de impulsar una querella la han adoptado los dos grupos secesionistas que tienen mayoría en la mesa. JxCat y ERC han hecho valer su mayoría, a pesar de la negativa expresada por la oposición, en este caso Cs y el PSC. Los letrados de la Cámara también se han pronunciado en contra, según fuentes de la oposición. Los juristas han recomendado a los grupos secesionistas que pidan un informe a un experto penalista, pero la iniciativa ha sido rechazada. Ciudadanos y el PP han apuntado que la presentación de la querella contra Llarena podría ser constitutiva de un delito de malversación.

El argumento de la formación naranja y de los populares es que la Cámara podría destinar fondos públicos para una cuestión que entienden es de interés particular y no de interés público. Ciudadanos ha apuntado que podría haber otras vías para presentar adecuadamente la querella, como que la impulse el propio Sànchez o los grupos políticos por su cuenta, pero no la Cámara catalana como institución. Desde la oposición, además, han apuntado que la querella no tendrá ningún recorrido jurídico y que no será admitida a trámite.

Fuentes de ERC, en cambio, han señalado que la querella es en defensa de los intereses públicos de todos los diputados a poder presentarse como candidatos. Los derechos de todos están vulnerados, han opinado.

Asimismo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado a Torrent de «secuestrar» la institución para ponerla «a los pies» y al servicio de Puigdemont, que es «un huido de la justicia». Ha considerado «una barbaridad» la presión que se está haciendo a los jueces «desde lo que debería ser el poder legislativo», y también la «presión» en la calle contra jueces, sus familias y los políticos «que no somos separatistas». Así como la «fractura» que se está produciendo en Cataluña y el hecho de que «los separatistas no asuman que su proyecto ha fracasado y siguen empeñados en llevarnos a la fractura social, al enfrentamiento y a la ruina económica».

El Gobierno advierte de que la querella puede ser delito

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que la querella contra Llarena puede constituir «malversación de fondos, aparte de otros delitos». Ha asegurado que así lo han avisado los propios letrados del Parlamento catalán, que ya han expresado su reticencias sobre la viabilidad de la querella. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque se lo han dicho con toda claridad», ha advertido.

Aunque ha insistido en que los cuerpos funcionariales del Parlament «están al servicio de toda la Cámara y es bueno seguirlos», ha avisado «para no tomar decisiones que pueden acarrear algún disgusto a quienes la toman».

Por su parte, Mariano Rajoy ha asegurado que «lo único que tiene que hacer» el Parlament de Cataluña «y lleva incumpliendo» desde las elecciones del pasado 21 de diciembre es elegir a un presidente de la Generalitat que cumpla la ley.

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