Vox pone en un aprieto a PP y Cs a cuenta de la violencia de género

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto celebrado este sábado./EFE
El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto celebrado este sábado. / EFE

El presidente de la Junta de Andalucía mantiene que no dará «un paso atrás» en la defensa de «los más vulnerables»

CECILIA CUERDO

La petición de Vox de solicitar la identidad de los trabajadores de las unidades de Violencia de Género de la administración andaluza, encargadas de evaluar el nivel de riesgo de las víctimas de la violencia machista, ha vuelto a demostrar los delicados equilibrios en los que se mueven PP y Ciudadanos para no incomodar al partido que sustenta al Ejecutivo andaluz. «Ni un paso atrás en la defensa de los más vulnerables», es a lo más a lo que llegó este sábado el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla.

Con su petición formal ante el Parlamento, cuya mesa de gobierno deberá pronunciarse el miércoles sobre su admisión, la formación de ultraderecha demuestra que no ceja en sus intentos de marcar su agenda programática, que pasa por la derogación de lo que denomina «leyes ideológicas», en este caso la ley contra la violencia machista, cuya intención nada oculta es derogar. Según el argumento dado por el diputado regional Francisco Serrano, quien registró la petición, el interés es conocer la cualificación de quienes atienden a esas mujeres, convencidos de que en muchos casos esas unidades solo sirven para colocar a quienes de quienes se mueven por ideología de género. «Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», clamó Serrano, juez de profesión, en redes sociales.

Pero frente a la contundencia de los partidos como PSOE o Adelante Andalucía (la confluencia entre Podemos e IU), que directamente cargan contra esas «listas negras» de trabajadores, los partidos que conforman el gobierno andaluz mantienen un perfil bajo. A última hora del viernes, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de la formación naranja, se limitó a tildar la propuesta de «ocurrencia», insistiendo en que «vamos a seguir trabajando con todos los recursos y medios para acabar con el asesinato de más mujeres por la violencia machista», mientras que el vicepresidente de la Junta Juan Marín, bajo cuyas competencias de Justicia se enmarcan estas unidades, aseguró que esos trabajadores «no corren peligro» y que Vox «no va a conseguir que Cs se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado».

Mayor tibieza mostraron este sábado entre las filas del PP. El presidente del partido, Pablo Casado, simplemente presumió de que su partido ha sido el que «más dinero ha destinado a la lucha contra la violencia de género», sin ninguna otra alusión, al igual que el líder andaluz y presidente de la Junta. Moreno Bonilla se limitó a atacar el «canto al miedo» que enarbola el PSOE y señaló que «quiero que todo el mundo sepa que en materia de proteger al más vulnerable no vamos a dar ni un paso atrás». «Este gobierno sabe proteger a quien lo pasa mal», dijo equiparando a todas las víctimas

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