El Gobierno pisa el freno y endosa al Consejo de Estado la reforma de los aforamientos

Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno. / Foto: Emilio Naranjo (EFE) I Vídeo: EP

Celaá asegura que la idea sí es dejar fuera de la protección especial de los políticos los delitos de corrupción, como exige Ciudadanos

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno había anunciado que este mismo viernes aprobaría ya el anteproyecto de ley de la reforma constitucional anunciada el lunes por Pedro Sánchez para restringir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. No fue así. La patata caliente la tiene ahora el Consejo de Estado. La ministra portavoz, Isabel Celaá, anunció, tras la reunión del Consejo de Minisros, que finalmente se ha optado por encomendar al órgano consultivo la tarea de elaborar una propuesta.

La decisión permitirá, por lo pronto, pausar el debate. En principio, el Ejecutivo no ha pedido a los 'sabios' que actúen con urgencia, así que el texto aún puede tardar en ser enviado a las Cortes Generales, previo paso por el Consejo de Ministros. Será la Comisón de Estudio del Consejo de Estado la encargada de su redacción. Después deberá aprobarlo el pleno por mayoría simple y se abrirá un plazo para la argumentación de votos discrepantes, en caso de que los hubiera.

Celaá argumentó que este paso imprevisto no varía los tiempos que manejaba el Ejecutivo porque, en cualquier caso, el Consejo de Estado iba a ser consultado, como es preceptivo cada vez que se plantea desde el Gobierno una reforma constitucional (también debe serlo el Consejo General del Poder Judicial). Sin embargo, el proceso que ahora va a seguirse es distinto al inicialmente previsto. En este caso, no se solicita un informe sobre un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros sino que se hace al organismo responsable, de alguna manera, de una iniciativa que, como se ha visto estos días, puede generar un agitado debate.

Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien, tras ganar las elecciones en 2004, impulsó una reforma de la ley que regula el funcionamiento del «supremo órgano consultivo del Gobierno» para adjudicarle esa capacidad, que anteriormente no tenía, de elaborar «las propuestas legislativas o de reforma constitucional» que le encomiende el Ejecutivo. Como ahora Sánchez, el expresidente socialista 'externalizó' así la concreción de su propuesta de reforma constitucional, que nunca logró hacer prosperar.

La idea de reforma de Sánchez -lanzada por sorpresa, sin previa consulta al resto de grupos políticos, y no en sede parlamentaria sino en un acto organizado para dar lustre al Ejecutivo tras una semana negra- no es tan ambiciosa como aquella, pero fue recibida con cierta suspicacia en la Cámara baja. No por el fondo del asunto (no hay partido que se atreva a decir que está a favor de los aforamientos) sino por la precipitación con la que fue planteada. Hablar de un cambio constitucional en España es abrir la caja de Pandora.

El PNV advirtió de que, puestos a enmendar la Carta Magna en ese terreno, también pediría acabar con la inviolabilidad del Rey, algo en lo que insiste Podemos, y con los aforamientos de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. El partido de Pablo Iglesias defendió además que, si se abre el melón, habría que blindar constitucionalmente derechos sociales. Y el PDeCAT puso sobre la mesa el derecho de autodeterminación.

«Intención política»

Ciudadanos, por su parte, cuestionó que en lugar de suprimir sin más el aforamiento de los cargos políticos, los socialistas hablen de acotarlo a aquellos delitos cometidos en el ejercicio del cargo porque eso, dicen, significaría mantener el aforamiento en casos de corrupción. Celaá aseguró hoy, no obstante, que la «intención política» del Ejecutivo es que no sea así, es decir, que los delitos de corrupción sean dirimidos por el juez natural y no directamente por el Tribunal Supremo.

En el Gobierno matizan que para afinar en este campo habrá que modificar leyes con posterioridad a la reforma constitucional, es decir, que es difícil entrar a tanto detalle en la Carta Magna pero que en todo caso es necesario retocarla para poder abordar luego los pertinentes cambios legislativos.

Lo que no hay ninguna intención de tocar es el artículo que dice que el Rey es inviolable e irresponsable ante la justicia, a pesar de que en 2014, cuando se presentó a las primarias a la secretaría general del PSOE contra Eduardo Madina, Pedro Sánchez defendió que había que poner fin a esa «prerrogativa».

El Gobierno esgrime que eso obligaría a un procedimiento agravado de reforma, mucho más complejo que el ordinario (acuerdo en el Congreso y Senado; disolución de las Cortes; elecciones; nueva ratificación del acuerdo alcanzado y, por último, referéndum). Pero, además, Celaá argumentó que es «importante» que el Jefe del Estado sea inviolable.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos