Torra cumple 100 días entre la amenaza unilateral y el deshielo con Madrid

Torra. /Efe
Torra. / Efe

JxCat, la ANC y la CUP presionan al presidente catalán para que materialice la república declarada el 27-O | El president acusa a agentes de la Policía Nacional de integrar «grupos armados» antiindependentistas

CRISTIAN REINOBarcelona

Los cien días de gracia que suele conceder la oposición en el arranque de mandato se han agotado para Quim Torra. Desde que fue investido presidente de la Generalitat ha tratado de moverse entre la retórica republicana y la realidad autonómica. Un equilibrio muy complicado, en el que Torra ha concedido durante estos más de tres meses todo el protagonismo al anterior ejecutivo, destituido tras la aplicación del artículo 155. Así, se estrenó prometiendo que Carles Puigdemont volverá a ser investido (sigue sin ocupar su despacho), restituyó en sus puestos a altos cargos cesados y ha dedicado esta semana a visitar a los exconsejeros y dirigentes secesionistas que están encarcelados en las prisiones catalanas. De momento, Puigdemont, que ha esquivado la extradición por rebelión, codirige la política catalana desde Waterloo. El papel que juegue el expresidente será una de las claves de la legislatura.

Torra no era muy conocido hasta que accedió a la presidencia de la Generalitat, después de que el juez Llarena impidiera las investiduras de Puigdemont y Jordi Sànchez y la CUP tumbara la elección de Jordi Turull. El jefe del Ejecutivo fue presidente de Ómnium Cultural y fue directivo de una multinacional suiza de seguros. Desde su llegada al poder, ha tenido que hacer frente a una oposición muy dura, como consecuencia de artículos suyos escritos en el pasado, que fueron tachados de racistas y supremacistas.

El cambio en el Ejecutivo central ha sido otro de los elementos decisivos del inicio de su mandato. Puigdemont y Torra no eran partidarios de apoyar la moción de censura, pues consideraban que con Rajoy les podía resultar más fácil mantener la agenda rupturista, pero el PDeCAT y Esquerra, que trataban de buscar un cierto aterrizaje al proceso, tras meses de vértigo, apostaron por dar una oportunidad al cambio.

El president cree que la Policía tiene agentes en grupos armados

Después de llamar a «atacar al Estado español» el viernes pasado desde la prisión de Lledoners (Barcelona), el jefe del Ejecutivo catalán insinuó este miércoles graves imputaciones contra las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que acusó de tener agentes que integran «grupos armados y organizados que recorren el territorio catalán» combatiendo el secesionismo.

En una carta enviada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, Torra le pide que depure responsabilidades en los cuerpos policiales y le reclama que intervenga ante lo que el presidente de la Generalitat califica como una «escalada de violencia en Cataluña por parte de grupos violentos».

El presidente de la Generalitat sustenta sus graves acusaciones en los insultos denunciados por los diputados de Esquerra Jenn Díaz y Josep Maria Jové, que presuntamente profirió un agente de la Policía Nacional, en la agresión que sufrió el fotoperiodista Jordi Borràs, que también habría ocasionado un agente de la Policía Nacional, y en la identificación de un guardia civil en un grupo que quitaba lazos amarillos en Tarragona el pasado fin de semana. «De las personas identificadas, parece contrastada la participación de un agente de la Guardia Civil en estos grupos armados», acusa Torra.

El independentismo lleva semanas elevando el tono contra las instituciones del Estado. Josep Lluís Alay, alto cargo del Gobierno catalán que ha sido nombrado responsable de la oficina del expresidente Puigdemont, fue más allá días atrás y llegó a comparar a quienes retiran lazos amarillos con los GAL.

A principios de agosto, Torra publicó una carta en varios medios catalanes en la que pedía a todos los partidos políticos catalanes y españoles que «condenen enérgicamente la violencia de grupos fascistas contra los independentistas».

La llegada de un nuevo inquilino a la Moncloa, que desde el primer momento abogó por tender puentes con el Palau de la Generalitat, cogió con el pie cambiado al presidente de la Generalitat. Un radical entre los más radicales, pero que ha abierto canales de diálogo con Madrid. En julio se reunió con Sánchez en la Moncloa, en otoño recibirá al presidente del Gobierno en la sede del ejecutivo autonómico y se han reactivado, siete años después, las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat. El diálogo es tímido y son pocos los que esperan resultados, ya que las posiciones están tan alejadas como en la pasada legislatura. Sánchez ofrece un nuevo Estatuto, que recupere algunas de las leyes anuladas por el Constitucional. Para el independentismo esa es una pantalla muy superada y se resiste a renunciara al derecho de autodeterminación, sobre el que el Gobierno no negociará.

Escasa legislación

La gran incógnita está en saber qué camino tomará Torra cuando se agote esta fase inicial, marcada por las buenas intenciones, y constate que no hay negociación posible sobre la soberanía de Cataluña. Torra ha centrado buena parte de los cien días a pedir la libertad de los «presos políticos», a realizar declaraciones frentistas contra el Estado, como la del viernes pasado en Lledoners, donde clamó por lanzar un «ataque», o a realizar desplantes al Rey, al que el secesionismo ha situado como su bestia negra (antes lo era Rajoy), hasta el punto de romper relaciones con la Casa Real. En cien días de Torra, apenas cuatro proyectos de ley y un par de decretos, y el presidente de la Generalitat ha podido comprobar que el secesionismo sigue muy dividido, a pesar de que Puigdemont se haya hecho con el control del PDeCAT.

El líder nacionalista, que el 4 de septiembre pronunciará una conferencia en la que desgranará su hoja de ruta, sobre la que este jueves podría avanzar algunas pinceladas, habla de buscar un nuevo momento republicano, como lo fueron el 1-O o el 27-O para materializar la independencia. Sin embargo, hasta la fecha la mayoría secesionista no ha traspasado aún la línea roja de la legalidad. Aunque JxCat, la ANC y la CUP presionan para que la vía unilateral de la desobediencia se aplique como en octubre del año pasado. Si eso ocurre, la amenaza de un nuevo 155 está sobre la mesa.

La junta de seguridad tratará la guerra de los lazos amarillos

La polémica guerra de los lazos amarillos, que enfrenta en Cataluña a las personas que colocan estos símbolos con las que los retiran, ha pasado de la calle y se ha instalado en el centro del debate político. El Gobierno propuso este miércoles que en la próxima reunión de la junta de seguridad de Cataluña se aborde este asunto, después de que el director de los Mossos anunciara que las catorce personas que fueron identificadas el pasado fin de semana en Tarragona (uno de ellos es guardia civil) por retirar lazos amarillos se enfrentan a sanciones de 600 a 30.000 euros.

La Policía catalana esgrime la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que prevé multas administrativas por daños en el espacio público y por generar alteraciones de la seguridad ciudadana.

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, afirmó este miércoles en Valencia que si los Mossos han tomado la iniciativa de identificar personas y advertirles con ser multadas es porque «entienden que tienen la capacidad de hacerlo». Ahora bien, a su juicio, la situación también debe analizarse desde un punto de vista «legal» para que pueda ser «reconducida». La fiscal general opinó el lunes que «no hay delito alguno ni en quitar ni en poner» símbolos en la vía pública, porque es algo que «forma parte de la libertad de expresión».

Mientras, la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, próxima a Cs, presentó este miércoles en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia contra el consejero de Interior, Miquel Buch, por persecución ideológica contra los grupos que retiran lazos amarillos, con los que los soberanistas piden la libertad de los presos secesionista.

La polémica por la simbología se está enconando, hasta el punto que una mujer denunció este miércoles en Barcelona haber recibido un disparo de perdigones en su casa por tener una 'estelada' en el balcón.

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